La consolidación de regímenes autoritarios bajo la bandera del socialismo plantea una paradoja profunda y dolorosa para quienes creemos en los principios de justicia social, igualdad y derechos humanos. Lo que comenzó como una promesa de liberación y empoderamiento popular se ha transformado en un mecanismo de opresión y control, dirigido por una élite que ha perdido toda conexión con las necesidades y aspiraciones del pueblo.
En este contexto, es fundamental analizar cómo estos gobiernos, originalmente presentados como portadores de una revolución justa, han terminado por consolidar su poder a través de métodos que son la antítesis de los valores que proclamaban defender. La manipulación de procesos electorales, la represión violenta de la oposición y la corrupción endémica se han convertido en herramientas habituales de estos regímenes.
La manipulación de los resultados electorales y la represión no solo violan los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que también desvirtúan la esencia de la democracia. En lugar de ser un reflejo de la voluntad popular, las elecciones se convierten en un espectáculo controlado donde el resultado está predeterminado por aquellos en el poder. Este tipo de fraudes no solo deslegitiman el proceso electoral, sino que también siembran la desconfianza y el desánimo entre la población, minando la posibilidad de un cambio real y pacífico. Como bien señaló el presidente Gabriel Boric, «los resultados son difíciles de creer».
La represión sistemática de la oposición y la sociedad civil es otro pilar de estos regímenes autoritarios. La persecución de líderes opositores, activistas y ciudadanos comunes que se atreven a alzar la voz en contra de la injusticia es una estrategia calculada para mantener el control a través del miedo. Las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura no son meros incidentes aislados, sino parte de un sistema de terror diseñado para silenciar cualquier disidencia.
Es imperativo que desde la izquierda se denuncie con firmeza estas prácticas y se tome una posición clara en contra de cualquier forma de autoritarismo. La lucha por una sociedad más justa e igualitaria —la igualdad de todos en al menos algo— no puede, bajo ninguna circunstancia, justificar la violación de derechos humanos y la supresión de la democracia. Al contrario, debemos ser los primeros en alzar la voz contra estos abusos y trabajar activamente para promover sistemas políticos que realmente reflejen los valores de justicia e igualdad.
Además, es necesario reconocer el impacto devastador de la corrupción. La apropiación indebida de recursos por parte de la élite gobernante no solo empobrece a la población, sino que también perpetúa un ciclo de dependencia y explotación. La corrupción desvirtúa cualquier intento de construir una economía que beneficie a todos y convierte al gobierno en un instrumento de enriquecimiento personal en lugar de un vehículo para el bien común.
Nosotros, los chilenos, vivimos las externalidades de esta crisis de manera directa. La inmigración sin control desde Venezuela ha generado desafíos significativos, incluyendo la incidencia de algunos ciudadanos venezolanos —sin caer en la falacia de generalización apresurada en decir que son todos los venezolanos— en distintas cédulas de criminales, exacerbando la crisis de seguridad nacional. Esto no solo pone en evidencia la urgencia de políticas migratorias más robustas, sino también la necesidad de una solución internacional coordinada para abordar las raíces de esta migración masiva.
Un aspecto que no debe pasarse por alto es la capacidad estratégica de Nicolás Maduro para mantener su poder. Aunque se le tiene poco valor y no goza de reconocimiento en la política internacional, queda en evidencia que tiene la «cabeza» para planear su permanencia como jefe de Estado por seis años más. Esta habilidad para perpetuar su régimen autoritario subraya la necesidad de vigilancia y acción por parte de la comunidad internacional y los movimientos progresistas.
En medio de esta crisis, fue muy particular ver a venezolanos esperando los resultados de sus elecciones en varias plazas de Chile. Lamentablemente, tienen que usar estos lugares como pseudo lugares de celebración, añorando desde ahí una esperanza, como lo harían en su patria. Esta imagen de venezolanos en el extranjero, buscando un atisbo de esperanza en medio de la desesperanza, es un testimonio conmovedor de la resistencia humana y el deseo de justicia y libertad.
Aunque el resultado es desesperanzador, era completamente predecible. Maduro iba a ganar. Estamos en presencia de un régimen autoritario que, sin eufemismos, debe ser denominado dictadura. Claramente, una de sus características definitorias es la intervención de los órganos electorales para asegurar su permanencia en el poder. Este tipo de regímenes utilizan todas las herramientas del Estado para consolidar su poder y sofocar cualquier intento de oposición o disidencia.
Ahora bien, el medio electoral falló porque en Venezuela no existen garantías mínimas para elecciones imparciales. A la oposición le queda la tarea de combatir al régimen, y para ello es crucial aplicar estrategias de resistencia que combinen la organización y tácticas no violentas.
Deben enfocarse en movilizar a la sociedad con una visión común que una a todos los sectores descontentos. En el caso de Venezuela, es vital identificar y cortar los flujos financieros que sostienen al régimen de Maduro, atacando sus fuentes de ingresos tanto internas como externas. No obstante, las sanciones no deben afectar el orden social del pueblo venezolano; el hambre y el sufrimiento no son opción. Está claro que hay un flujo de recursos económicos al régimen de Maduro cuya procedencia se desconoce, y es crucial averiguar de dónde proviene ese dinero y cortarlo desde ahí.
La comunidad internacional también juega un papel fundamental en este proceso. No se trata de una intromisión, como afirman Maduro y otros países alienados, sino de una respuesta legítima y racional que cualquier jefe de Estado en una democracia debería tener. Además, es necesario restringir los recursos económicos de la élite gobernante y sus colaboradores, mientras se ofrece apoyo humanitario directo al pueblo venezolano, que actualmente está gravemente desprovisto de recursos. Esto permitirá aliviar el sufrimiento de la población sin fortalecer al régimen. Además, es esencial apoyar y proteger a los líderes opositores y activistas que enfrentan persecución y represión.
Dentro del país, las tácticas de protesta deben ser creativas y adaptables para minimizar los riesgos de represión violenta. Las movilizaciones masivas, la desobediencia civil, y las campañas de concienciación son herramientas poderosas para deslegitimar al régimen y mantener viva la esperanza de un cambio. Es crucial que estas acciones se realicen de manera coordinada y estratégica, asegurando que cada esfuerzo contribuya a la narrativa de una lucha unida por la democracia y los derechos humanos.
La izquierda, en particular, debe tomar una posición clara y firme contra cualquier forma de autoritarismo, incluyendo aquellos que se esconden bajo la bandera del socialismo. Debemos ser los primeros en denunciar las violaciones a los derechos humanos y rechazar cualquier justificación para la represión y la corrupción. Solo así podremos recuperar la credibilidad y construir una alternativa política que realmente represente los principios de justicia social y democracia que proclamamos defender.
El movimiento progresista no puede perder credibilidad ni su verdadera esencia. Es vital que nos distanciemos sin ambigüedades de regímenes que traicionan los valores fundamentales del socialismo democrático. La izquierda debe tener la valentía de reconocer sus errores y rechazar sin titubeos cualquier forma de autoritarismo, venga de donde venga. La crítica interna no solo es necesaria, sino urgente, para construir una alternativa política que represente auténticamente los principios de justicia social, derechos humanos y democracia. La lucha por estos ideales no puede ser comprometida ni en nombre de la ideología ni por conveniencia política.
*Piero Chavera Rojas es militante del Frente Amplio.
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