Ricardo Díaz Gobernador

95 organizaciones socioambientales alertan que el gobierno planea explotar cerca del 50% de la superficie de los salares del país

El martes 26 de marzo, el Consejo Estratégico de Ministras/os de Litio y Salares, instancia que lidera el Ministerio de Minería e integran las carteras de Hacienda, Relaciones Exteriores, Economía, Medio Ambiente, Ciencia, Conocimiento, Tecnología, aprobó una serie de medidas en torno a la Estrategia Nacional del Litio.

Entre las decisiones adoptadas, se definieron como espacios estratégicos para su explotación los salares de Atacama y Maricunga, en donde el Estado participará de forma mayoritaria a través de Codelco, empresa que buscaría asociarse con SQM mediante un convenio rechazado por comunidades originarias y amplios sectores de la sociedad.

En este sentido, se definen para explotación los salares de Pedernales, de Codelco, y el proyecto Salares Altoandinos, compuesto por los salares Grande, Infieles, Aguilar y La Isla a cargo de Enami, indicando que cada empresa pública liderará la búsqueda de socios.

También se define un listado de 26 salares para explotación privada, para los cuales se realizará un procedimiento público, que consistirá en un llamado a inversionistas nacionales y extranjeros a presentar su interés por explorar y/o explotar estos yacimientos de litio. Además, se crea una Red de Salares Protegidos que equivaldría al 33% de los salares.

Ante las decisiones adoptadas por el Gobierno del Presidente Boric, más de 90 organizaciones socioambientales declaran su oposición a la escala de explotación de los salares andinos. Las agrupaciones advierten que estos ecosistemas frágiles y de alto valor en biodiversidad son más que simples depósitos de minerales, ya que albergan una biodiversidad excepcional y son vitales para la agricultura local y las comunidades indígenas, proporcionando agua en una zona con vulnerabilidad hídrica y sustentando actividades como el agropastoreo y el turismo.

«Lamentablemente, este anuncio se hace sin contar con estudios acabados sobre la hidrogeología de estos territorios ni el valor socioambiental que estos representan para las comunidades y la región», indican.

Por otra parte, argumentan que la supuesta protección del 33% de los salares «tiene letra chica», pues se incluyen salares que ya cuentan con alguna forma de protección, y los nuevos salares y lagunas propuestas no corresponden a aquellos de mayor valor ecosistémico en el norte de Chile.

También advierten que se omite considerar otros potenciales importantes, como su rol en la regulación climática regional, su importancia cultural para los pueblos indígenas y su valor como reservorios de agua.

«Lamentablemente, parte de los salares más extensos y ricos en biodiversidad, que representan el 49% de la superficie total de salares del país, se sacrificarán en favor de su potencial productivo para la industria minera en Chile», señalan.

«Las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por la dirección que está tomando el gobierno en relación con los salares andinos. Esta decisión se está tomando sin considerar las opiniones y necesidades de los pueblos originarios y la comunidad en general. En un contexto donde enfrentamos desafíos climáticos y ecológicos urgentes, es esencial que se tomen medidas para proteger y conservar nuestros ecosistemas, que son fundamentales para el bienestar de nuestras comunidades y para enfrentar los desafíos sistémicos que estamos viviendo. Lo que observamos es un sacrificio significativo de nuestro valioso patrimonio natural, lo que pone en riesgo a territorios, comunidades y ecosistemas», denuncian.

Las organizaciones también plantean que el recambio tecnológico impulsa una demanda insaciable de litio para satisfacer las necesidades actuales, dinámica que permite que los países industrializados del norte global continúen manteniendo sus altos niveles de vida a expensas de nuestros ecosistemas, sin comprometerse con metas climáticas ambiciosas y manteniendo patrones insostenibles de consumo energético y de materias primas.

«La agenda del crecimiento verde, promovida por los mismos países responsables de la crisis climática, sigue poniendo presión en los ecosistemas del sur global, profundizando la dependencia de exportación de bienes naturales y agravando la vulnerabilidad climática de las y los habitantes del país, los territorios y ecosistemas», afirman.

Por otro lado, indican que «la explotación de casi la mitad de la superficie de los salares de Chile nos aleja de lo que los expertos y científicos recomiendan: proteger nuestros ecosistemas para garantizar la propia vida humana en el futuro. Según las recomendaciones del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), es crucial proteger los ecosistemas vulnerables de América Latina y el Caribe frente a los impactos del cambio climático. En lugar de seguir el camino hacia una transición ecosocial sostenible , estamos hipotecando nuestro futuro y el de las generaciones venideras».

Por lo anterior, señalan que es crucial «recordar que los salares no son minas, son ecosistemas frágiles y de alto valor en biodiversidad, que sostienen gran parte de la vida de la zona norte del país. Ellos proporcionan agua y sustentan actividades económicas como el turismo que beneficia directamente a las comunidades locales, el agropastoreo y la trashumancia que han proporcionado medios de vida, arraigo cultural a pueblos indígenas y un carácter distintivo a la región con paisajes reconocidos internacionalmente».

Las organizaciones recuerdan que los proyectos mineros que ya se encuentran en los salares andinos han provocado daños irreparables, existiendo antecedentes de sanciones y denuncias por la afectación de los acuíferos y sistemas de vida en Salar de Atacama, Salar de Punta Negra, Salar de Llamará, Salar de Maricunga, Salar de Talabre y Salar de Surire, entro otros. Por ello, sostienen que, bajo la legislación e institucionalidad actualmente vigentes, el Estado no cuenta con las condiciones necesarias que aseguren la protección de los nuevos salares que se someterán a la explotación, poniendo en riesgo las fuentes económicas y laborales de las comunidades locales.

«Por último, hacemos un llamado al Gobierno ecológico y al Presidente Boric a cumplir la palabra empeñada en campaña y a priorizar la preservación de estos ecosistemas para las futuras generaciones y a no profundizar el modelo de injusticia ambiental que nos ha arrastrado a la crisis que actualmente atravesamos. Ser ecológico implica actuar con cuidado y responsabilidad por la sostenibilidad del planeta y la protección del entorno natural, principios que no se reflejan en decisiones que perpetúan un modelo primario extractivista a costa de nuestros territorios y modos de vida», concluyen.

Organizaciones socioambientales que firman la declaración:

  1. Acción ecologista Ekuwün
  2. Agrupación Cultural y Medio Ambiental Mañíos y Baguales
  3. Agrupación Mestizas
  4. Agrupación vecinal las lengas
  5. Amis de la terre
  6. Antu kai Mawen, música tierra
  7. Asamblea Auto Convocada Villa Santa Carolina
  8. Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas
  9. Bosques para Cachapoal
  10. Centro de Investigación-Acción Kishka CIAK
  11. Centro Ecológico Churque
  12. Chile Ambiental
  13. Chile Sin Ecocidio
  14. Chile Sustentable
  15. CODEFF
  16. Colectivo Wila Pacha- Arica y Parinacota
  17. Comité Ambiental Comunal Cartagena
  18. Comité Ambiental Comunal Casablanca
  19. Comité Ambiental Comunal Tomé
  20. Comité Ambiental de Las Condes
  21. Comunidad indígena Umirppa
  22. Consejo Ecológico de Molina
  23. Coordinadora Nacional Indianista CONACIN – Somos Cerro Blanco
  24. Corporación Camino a Farellones
  25. Corporación Defensa de la Cuenca del Mapocho
  26. Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén CODESA
  27. Curso Biodiversidad y Conservación de Humedales
  28. Defendamos CHILOÉ
  29. Ecosistemas
  30. EcoWiluz, Agroecología y Soberanía Alimentaria
  31. Escuela Popular Campesina Curaco de Vélez
  32. Fundación Achercándose
  33. Fundación Acue
  34. Fundación Aka pacha
  35. Fundación Árbol Ciclo de Vida
  36. Fundación Ciudadanos y Clima
  37. Fundación Eco Conciencia
  38. Fundación Ecosur
  39. Fundación Endémica
  40. Fundación Glaciares Chilenos
  41. Fundación Haz Eco
  42. Fundación Humedal Nativo
  43. Fundación Marea Sur
  44. Fundación Ojos de Mar
  45. Fundación Proyecto Adelaida
  46. Fundación Reverdesierto
  47. Fundación Sur Patrimonial
  48. Fundación Tantí
  49. Fundación Terram
  50. Fundación Verde Nativo
  51. Grupo por mejoras ambientales
  52. Greenpeace
  53. Hidrodefensa
  54. Humedal Río Elqui
  55. Las peuquitas
  56. LCOY Chile
  57. Malen Leubü
  58. Mi comuna Eco-lógica
  59. Mingako
  60. Modatima
  61. Modatima Punta Arenas
  62. Movimiento No Más Anglo.
  63. Movimiento por el agua de Paine
  64. Movimiento Social Ambiental + Agua Región del Maipo, San Antonio
  65. Mujeres por el Buen Vivir
  66. Movimiento Por La Defensa de la Patagonia
  67. Núcleo de Estudios en Conflictos socioambientales NECOSOC
  68. Núcleo Geológico Norte
  69. NO a Comahue
  70. No Alto Maipo
  71. Observatorio de humedales Küla kura
  72. Observatorio Plurinacional de Salares Andinos OPSAL
  73. ONG Amigos de la Arboleda
  74. ONG CEUS Chile
  75. ONG Defensa Ambiental
  76. ONG Elqui Verde
  77. ONG INVESTIGA COLINA
  78. ONG RELAVES
  79. ONG Rio Elqui
  80. ONG Tejiendo Ecologías
  81. ODHN Valparaíso
  82. Patrimonio Vivo Costa
  83. Radio AYNI
  84. Red de Acción por los Derechos Ambientales RADA
  85. Red Ecofeminista para la Transición Energética
  86. Red Plurinacional de Humedales de Chile
  87. Ríos To Rivers
  88. Rock y dyr
  89. Salvemos Olmué
  90. San Antonio Ambiental
  91. Scac Magallanes
  92. Slow Food Chile
  93. Tremendas
  94. UMA Organización Socioambiental
  95. Wechekeche Ka Itrofillmongen

Personas:

Manuela Royo, Ex Convencional Constituyente

Camila Zarate, Ex Convencional Constituyente

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