Por Leonardo Silva Martínez 
Diego Leila acusa acoso de connotación sexual, hostigamiento y presiones para dejar su jefatura. La acción solicita más de $203 millones e incluye antecedentes vinculados a Evópoli.
Una demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales fue presentada contra la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta (CMDS) por Diego Leila, trabajador de la institución que acusa acoso de connotación sexual no consentido, hostigamiento, coacción y una posterior rebaja salarial.
El escrito, patrocinado por los abogados Pablo Sánchez y Diego Fernández, involucra al secretario general ejecutivo de la CMDS, Jonathan Vergara, en uno de los principales episodios denunciados.
Leila ingresó a la corporación el 2 de enero de 2025 como honorario en la Dirección de Salud. Más tarde pasó a la Unidad de Presupuesto de Educación y, desde el 1 de julio de ese año, asumió como jefe de Abastecimiento con una remuneración mensual de $3.164.000, luego de un ofrecimiento de Vergara.
Vínculos con Evópoli
La demanda también aborda la relación política entre los involucrados. Leila afirma pertenecer a Evópoli, haber participado activamente en la Juventud Evópoli de Antofagasta y colaborado en la campaña municipal del alcalde Sacha Razmilic.
El escrito identifica, a su vez, a Vergara como militante de la misma colectividad y sostiene que Leila y otros integrantes de la Juventud Evópoli eran convocados por el secretario ejecutivo a reuniones fuera de la jornada y también durante el horario laboral.
Según la acción, en esos encuentros se abordaban asuntos de gestión interna y existían presiones asociadas a intereses político-partidistas.
Consultada por Diario Regionalista, la directiva de Evópoli informó que se encuentra recabando antecedentes para evaluar eventuales medidas internas. Mientras desarrolla ese análisis, la colectividad optó por restringir sus declaraciones sobre el caso.
Acusación contra secretario ejecutivo
Uno de los episodios centrales de la demanda está fechado en la madrugada del 14 de noviembre de 2025. El escrito sostiene que, después de actividades vinculadas a la administración y al denominado “partido de gobierno local”, Vergara invitó a Leila a su departamento.
Allí, según el relato presentado ante el tribunal, habría realizado proposiciones sexuales, acercamientos y tocamientos no consentidos en brazos y piernas. Leila afirma que rechazó esas conductas y que posteriormente fue expulsado del inmueble.
A partir de ese episodio, el trabajador acusa un cambio en la relación con su jefatura, marcado por comentarios descalificatorios, fiscalizaciones mediante correos enviados fuera de horario y un ultimátum bajo advertencia de despido.
Presiones para dejar la jefatura
La acción sitúa otro episodio el 29 de mayo de 2026, cuando Leila fue citado a una reunión con la directora de Finanzas, Suan Damhen, y el jefe del Área Jurídica, Christian Arenas.
Según el trabajador, en esa instancia se le exigió renunciar inmediatamente a la jefatura de Abastecimiento y se le advirtió que, de no hacerlo, sería despedido por necesidades de la empresa.
Leila afirma que pidió el fin de semana para evaluar la decisión, pero su solicitud fue rechazada. La demanda agrega que luego ingresó la jefa de Recursos Humanos, Natalia Arancibia, con el portal de la Dirección del Trabajo abierto para tramitar la renuncia mediante Clave Única.
Desde el 1 de junio, Leila pasó a desempeñarse como profesional de Compras. Su remuneración disminuyó de $3.164.000 a aproximadamente $2.101.006 mensuales, según los antecedentes incluidos en la acción. Su relación laboral con la corporación continúa vigente.
Solicita más de $203 millones
La demanda pide restablecer las condiciones laborales que Leila mantenía antes de dejar la jefatura y solicita una indemnización de $200 millones por daño moral, además de $3.188.982 por diferencias remuneracionales, totalizando $203.188.982.
Consultada por Diario Regionalista, la CMDS respondió que hasta ahora no ha sido notificada de la acción judicial.
“Hasta este momento, la Corporación no ha recibido ninguna notificación respecto de la acción de tutela que nos señalas; por lo que no corresponde emitir declaraciones”.
Redacción