En una decisión unánime, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó el recurso de protección presentado por la Fundación Democracia Viva contra las resoluciones emitidas por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta que pusieron fin a los convenios suscritos entre ambas instituciones.
Democracia Viva es la primera fundación indagada en el llamado Caso Convenios y que involucró a militantes del partido Revolución Democrática, provocando la renuncia del Seremi de Vivienda, Carlos Contreras, e incluso la suspensión de la militancia de la diputada Catalina Pérez.
Los magistrados consideraron que no existió un acto ilegal o arbitrario por parte de la autoridad al poner fin a los convenios, destacando que la autoridad actuó dentro de su marco de competencia, respaldada por los convenios que le otorgan la facultad de tomar dichas decisiones, incluso sin seguir los procedimientos establecidos por la Ley 19.886.
El fallo también indica que las decisiones públicas siguen siendo revisables por las vías administrativas y judiciales generales, por lo que el recurrente no quedó en situación de indefensión en ningún aspecto.