El diputado RN por la región de Antofagasta, José Miguel Castro, reconoció que sostuvo una reunión con la empresa minera Zaldívar (perteneciente al grupo Luksic), en el marco del ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) del proyecto “Extensión Vida Útil con Transición Hídrica”, iniciativa que potencialmente podría extender las operaciones de esta empresa hasta el año 2051.
Según recoge Diario Financiero, el parlamentario se encuentra abogando para que la empresa obtenga los permisos que requiere para su continuidad operacional. Incluso, habría solicitado que la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados y Diputadas reciba a la compañía.
Actualmente existe preocupación en las comunidades, debido a que la minera pretende continuar extrayendo agua dulce desde los acuíferos del interior de la región, al menos hasta el año 2028, lo que podría generar nuevos impactos ambientales en la zona.
Cabe recordar que actualmente se encuentra en proceso una demanda por daño ambiental en contra de minera Zaldívar, además de otras empresas, interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) debido a la extracción continua de recursos hídricos desde el Acuífero de Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, lo que ha provocado una disminución mayor a la que pueden soportar los sistemas vegetacionales del sector de Tilopozo.
Sin embargo, estos graves antecedentes parecen no importar al parlamentario RN, quien ha desplegado un intenso lobby para defender a la minera del grupo Luksic. Incluso, según indica Diario Financiero, la minera reconoció estos encuentros con el diputado Castro.
Recientemente, el Consejo de Defensa del Estado participó en la audiencia de prueba fijada por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, en el marco de la demanda de reparación ambiental presentada por el organismo contra las mineras Escondida, Zaldívar y Albemarle, cuyas actividades provocaron un daño irreparable a un importante acuífero que alimenta el Salar de Atacama, y a la biodiversidad que lo rodea.
Los daños ambientales alegados por el CDE se traducen en afectaciones al acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, incluyendo su capacidad de regeneración y diversidad biológica, que no se recuperará antes del año 2200. Las significativas afectaciones abarcan, también, las vegas altoandinas de Tilopozo y los ecosistemas acuáticos de las lagunas La Punta y La Brava, que comprenden microorganismos extremófilos únicos en el mundo, escasos y representativos.
Según el organismo, todo lo anterior constituye una grave pérdida de los servicios ecosistémicos que brindan estos parajes, así como afectaciones importantes a la biodiversidad del área sur del Salar de Atacama y a su fauna en estado de conservación.