Ricardo Díaz Gobernador

Emplazan a senador Pedro Araya tras negar la existencia de presos políticos de la revuelta

Familiares de los jóvenes detenidos en el contexto del estallido social o revuelta popular en Antofagasta, junto a representantes de organizaciones sociales, se manifestaron este martes 1 de junio frente a la sede del senador Pedro Araya, tras los polémicos dichos del parlamentario donde desconoce la existencia de presos políticos.

Cabe recordar que en entrevista con El Mercurio de Santiago, el legislador por nuestra región, quien pertenece a la bancada del PPD y actualmente presidente la Comisión de Constitución, indicó que en lo personal cree que en Chile «no hay presos políticos». «Sería bueno conocer cuales son las supuestas injusticias a las personas que se encuentran detenidas», agregó.

En una carta entregada al senador, los familiares de los jóvenes presos plantean que «hubiese sido interesante que se dirigiera a nosotras para conocer estas situaciones y no a un diario de circulación nacional», agregando que «ello abre una serie de suspicacias acerca de su actuar».

También interpelan a Araya para que apoye la ley que se gesta en el parlamento y que busca un indulto, recordándole que como representante electo por la ciudadanía «debe responder a lo que dicen las personas que habitan este territorio», considerando que «cuatro de los cinco constituyentes han manifestado su apoyo a nuestra causa por la liberación e indulto de nuestros hijos».

«Aún así, esperamos que usted siente cabeza y vote a favor del proyecto. Sería muy penoso constatar que su posición en esta materia, entregada al diario El Mercurio de Santiago el sábado 29 de mayo, sólo tendría que ver con una estrategia de acercamiento a la derecha más dura de nuestra sociedad, con el fin de obtener un cupo parlamentario y no con la búsqueda de la verdad y el bienestar para los jóvenes de nuestra región», concluyeron.

Dentro de las propuestas planteadas por los familiares de los presos de la revuelta, está la creación de una Comisión Regional que contenga toda la información en relación a cada caso, que dé cuenta de los hechos y las vulneraciones de los derechos que han sufrido los jóvenes detenidos.

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