Ricardo Díaz Gobernador

Reformalizan a alcaldesa Karen Rojo y podría ser suspendida de su cargo en abril

La Fiscalía local de Antofagasta reformalizó a la alcaldesa Karen Rojo Venegas, por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible. Los imputados Edgardo Vergara y Héctor Gómez (actual secretario municipal suplente) también fueron reformalizados por el delito de fraude al fisco.

Lo anterior, en el marco del llamado «Caso Main» o «Caso Asesor», donde la alcaldesa habría utilizado dineros de la salud y la educación municipal para una asesoría política electoral para su campaña a la reelección el año 2016.

El Fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, indicó que debido a la llegada de nuevos antecedentes, el Juzgado de Garantía aceptó la solicitud del Ministerio Público y se fijó la ampliación del plazo del cierre de la investigación en 30 días.

“El pasado viernes 6 de marzo, la defensa pidió una serie de diligencias sobre la procedencia, que requiere análisis y revisión por parte del Ministerio Público”, indicó el persecutor.

Asimismo, el Fiscal Aguilar argumentó que la solicitud de reformalización “busca complementar la formalización con mayor precisión de hechos que permitan ser relevantes para fortalecer una acusación, cuando sea la oportunidad”.

Cabe precisar que al fraude se adicionaron $500.000 pesos que corresponden a los pasajes que se pagaron al imputado José Miguel Izquierdo, con ocasión de su supuesta asesoría comunicacional a la Corporación Municipal de Desarrollo Social. De esta manera, el perjuicio causado a la CMDS asciende finalmente a la suma de $23.722.428.

“Esperamos realizar prontamente las diligencias propuestas por la defensa, con el fin de poder cerrar la investigación y formular la acusación”, indicó el Fiscal Aguilar.

De esta manera, todo indica que la alcaldesa Karen Rojo será acusada durante el mes de abril, por lo que quedaría suspendida de sus funciones hasta que concluya el juicio. De ser encontrada culpable en dicho proceso, además de perder el puesto quedaría inhabilitada para ejercer cargos públicos por varios años.

«La ley establece que cuando un funcionario público, en este caso un alcalde, es formulada acusación en su contra, los antecedentes son puestos en conocimiento del Tribunal Electoral, quien ordena la suspensión de funciones», precisó Aguilar.

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