El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios del Servicio Público de Antofagasta convoca a un punto de prensa esta tarde, para denunciar la desprotección en que ha quedado una decena de socios y socias del sindicato y trabajadores/as de la Municipalidad, que debido a un cambio de criterio a propósito de la actual Ley de Cotización Obligatoria para independientes, se han visto impedidos de cobrar sus pagos por accidentes, enfermedad, pre y postnatal, viéndose en peligro su salud y continuidad laboral.

Este hecho, que está ocurriendo en otros servicios y municipios del país, es muy grave por cuanto daña la salud y dignidad de miles de trabajadores del Estado a nivel nacional, afirmaron desde la organización.

«Este cambio de criterio intempestivo generó que certificados médicos que habían sido recibidos antes del 1 de enero de 2019, fuerzan rechazados y entregados a las y los trabajadores en fechas en que ya era imposible tramitarlos, quedando las y los trabajadores sin posibilidades de acceder al pago del subsidio y/o de sus sueldos», denuncian los representantes a través de un comunicado.

La situación es tan grave, según señalan desde el sindicato, que incluso hay casos de tabajadores y trabajadoras que no pueden tomar su prenatal, extender su posnatal, algunos se encuentran con fracturas por motivos laborales y operaciones de urgencia, todos quienes corren riesgo de no recibir su sueldo o ser despedidos si no van a trabajar estando embarazadas, enfermas o enfermos o con sus bebés recién nacidos.

«La propuesta del Sindicato, que dimos a conocer también en Santiago la semana pasada en reunión con la Subsecretaria de Previsión Social, es que mientras no empiece a regir las prestaciones de la nueva ley aprobada -lo que va a ocurrir el 1 de julio de 2019-, los servicios y municipios sigan pagando las licencias como lo han hecho hasta ahora, lo que no afecta en nada sus presupuestos, dado que estos fueron aprobados en 2018», agregan.

En este sentido, cabe señalar que la municipalidad de Recoleta, liderada por el alcalde Daniel Jadue, decidió mantener el pago a los trabajadores y trabajadoras hasta la entrada en vigencia de la ley, quedando demostrado que se trata de un tema de voluntad política de cada municipio o administración.

«Llamamos al municipio y a la alcaldesa Karen Rojo a actuar con humanidad para con sus trabajadores y trabajadoras. De lo contrario va a sumir a decenas de familias en la desprotección», concluyen.

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