En una audiencia que se extendió por cerca de una hora y media, el Juzgado de Garantía de Antofagasta formalizó este mediodía a la alcaldesa de la ciudad, Karen Rojo Venegas, por el delito de fraude al fisco, decretando la medida cautelar de arraigo nacional en contra de la autoridad y fijando un plazo de investigación de 120 días.

Además, fueron formalizados el ex asesor de Sebastián Piñera y socio de la consultora Main Comunicación, José Miguel Izquierdo, el ex secretario ejecutivo de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (Cmds), Edgardo Vergara Montt y el administrador municipal Héctor Gómez.

Todos ellos, junto a la alcaldesa Karen Rojo, son investigados por el delito de fraude al fisco, en relación al llamado «caso asesor»

Cabe recordar que el caso ocurrió en la época de campaña de reelección de la actual alcaldesa de Antofagasta, ocasión en que -según la denuncia realizada en su momento a Contraloría por parte de un grupo de concejales-, el “asesor” José Miguel Izquierdo habría prestado asesorías personales a la alcaldesa, de carácter político-electoral, pese a que estaba contratado por la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) con los fondos destinados para educación y salud de la comuna.

Cabe señalar que el ex concejal Parraguez, tras la denuncia a Contraloría, insistió mediante el Ministerio Público y posteriormente se hizo parte, presentando una querella.

Durante esta semana, además, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se hizo parte del proceso, presentando una querella en contra de Karen Rojo.

En la audiencia, el Ministerio Público, en la voz del fiscal de delitos de alta complejidad y persecutor jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, repasó una cronología de los hechos, desde el momento en que en agosto de 2015 la alcaldesa Rojo viaja a Santiago a reunirse con los representantes de la encuestadora CADEM, hasta el inicio de las funciones del «asesor» José Miguel Izquierdo.

La fiscalía asegura que se defraudó a la Corporación Municipal, por cuanto se pagaron con dineros públicos los servicios de una asesoría de carácter política, relacionada con el posicionamiento mediático de la autoridad comunal de cara a las elecciones municipales de 2016.

«Acá hay una estafa en la que participan funcionarios públicos», afirmó el fiscal Aguilar.

Los montos defraudados, según la investigación en curso, se acercan a los 30 millones de pesos.

El contrato con José Miguel Izquierdo consistía en el pago de sus honorarios, además de los gastos de alimentación y pasajes desde Santiago. El «asesor» concurría todos los martes desde Santiago hasta Antofagasta, desde octubre de 2015 y por varios meses, además de sostener contactos telefónicos con la alcaldesa de la comuna todos los días de la semana, aproximadamente a las 07:30 a.m.

El fiscal también informó que en el marco de la investigación y de las declaraciones de testigos e imputados, han surgido nuevos antecedentes que podrían configurar otros delitos, por lo que no se descartan nuevas audiencias para reformalizar.

«Uno de los coimputados ha prestado declaración, previamente informado de sus derechos y con la asistencia de su abogado defensor, en que ratifica directamente que él trabajó como asesor político y comunicacional de la señora alcaldesa, Karen Rojo. Y también reconoce que fue contratado para esos fines por la señora alcaldesa. Luego, una vez en Antofagasta, en su primer viaje, se le indica que la forma de efectuar o llevar adelante esta asesoría política y comunicacional, era a través de la asesoría a la CMDS (Corporación Municipal de Desarrollo Social). Cosa que tampoco conocía», indicó el fiscal.

«Y además, introduce otros elementos que validan la versión de cargos, en el sentido de que lo prestado por el señor Izquierdo fue esta asesoría política y comunicacional, desde el momento en que indica expresamente que otro de los coimputados le pidió que mintiera en la fiscalía. O sea, que dijera que jamás prestó una asesoría política y comunicacional en favor de la alcaldesa, porque eso beneficiaba a todo el grupo de los imputados», agregó.

Estos últimos antecedentes complican la defensa de la alcaldesa, por cuanto significaría que uno de los imputados, específicamente el propio «asesor», estaría reconociendo los hechos.

 

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