Especialistas y rescatistas advierten que la presencia masiva de perros y gatos abandonados en sectores vulnerables es una problemática estructural que requiere protocolos preventivos y políticas permanentes de protección animal.
El reciente desalojo de un campamento en el sector La Chimba de Antofagasta no solo abrió un debate sobre los procedimientos utilizados durante la intervención. A su vez, dejó en evidencia una problemática que especialistas y organizaciones animalistas vienen advirtiendo desde hace años: la alta presencia de animales en situación de abandono en sectores marcados por la vulnerabilidad social.
Durante los días posteriores al operativo, agrupaciones de rescate denunciaron la presencia de perros y gatos heridos, atrapados entre escombros e incluso fallecidos. La situación generó cuestionamientos respecto a las medidas de resguardo adoptadas antes del ingreso de maquinaria pesada al lugar.
Sin embargo, para expertos en tenencia responsable, el problema trasciende al procedimiento puntual. La emergencia permitió visibilizar una realidad que suele permanecer fuera del debate público: los campamentos y asentamientos irregulares concentran una gran cantidad de animales abandonados o sin control reproductivo.
Según datos citados por organizaciones animalistas, en Chile existen más de cuatro millones de animales sin tutor. En Antofagasta, agrupaciones de rescate han advertido reiteradamente sobre el aumento de perros y gatos sin dueño, asociado al abandono y a la falta de esterilización.
En conversación con Diario Regionalista, Paulo Verá Muñoz, fundador de Akiles, sostuvo que el caso refleja una problemática estructural que requiere intervención permanente.
“Lo que se mostró acá deja en manifiesto que los campamentos o territorios con mayor vulnerabilidad son focos de abandono. Uno ve hartos perros y animales en situación de abandono, incluso jaurías, que terminan generando riesgos sanitarios, medioambientales y sociales que afectan a la población”, sostuvo.
La necesidad de protocolos preventivos
Verá explicó que una planificación previa habría permitido reducir significativamente el impacto sobre los animales presentes en el sector.
“Era necesario realizar un catastro, trabajar junto a organizaciones rescatistas, generar campañas de adopción y coordinar medidas antes del ingreso de la maquinaria. No era llegar simplemente con la pala y arrasar”, afirmó.
El emprendedor agregó que existen experiencias en otras comunas donde desalojos similares se han desarrollado con protocolos específicos para animales, minimizando los daños mediante coordinación entre municipios, organizaciones y comunidades.
Una joven voluntaria que participaba en las labores de rescate de animales tras el desalojo, quien prefirió resguardar su identidad, relató que la situación fue angustiante para quienes intentaban auxiliar a perros y gatos en el sector.
“Muchos animales estaban muy asustados por el ruido y el movimiento de las máquinas. Algunos corrían sin rumbo y otros se escondían entre las estructuras que estaban siendo retiradas. Nosotros tratábamos de encontrarlos y sacarlos, pero era difícil porque todo estaba pasando muy rápido”, comentó.
La voluntaria agregó que varios rescatistas llegaron al lugar durante las horas posteriores al operativo para buscar animales que habían quedado separados de sus tutores o atrapados entre los escombros.
“Lo más triste era ver que muchos dependían completamente de la ayuda de las personas para salir de ahí”, afirmó.
Mientras continúan las discusiones sobre las responsabilidades del operativo, organizaciones y expertos coinciden en que el caso deja una señal clara: la protección animal sigue siendo una deuda pendiente en los territorios más vulnerables de la región y requiere políticas permanentes de educación, esterilización y control poblacional para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

