Por Redacción 
La región suma más de un centenar de denuncias durante abril. Especialistas advierten que los establecimientos tienen un “deber reforzado” de protección y que la falta de protocolos podría constituir negligencia.
Los episodios de violencia extrema en establecimientos educacionales han aumentado en Chile. Solo en la Región de Antofagasta, Carabineros reportó 109 denuncias durante abril, además de la detención de estudiantes vinculados a este tipo de hechos.
A nivel nacional, el fenómeno se ha expandido rápidamente, afectando a decenas de colegios a través de mensajes difundidos principalmente por redes sociales, donde se advierten supuestos ataques.
Casos recientes
En el ámbito local, se han registrado formalizaciones de estudiantes en Antofagasta y Calama por este tipo de situaciones, realizadas mediante rayados o publicaciones en internet.
Esto se da en un contexto especialmente sensible, marcado por el último ataque ocurrido en marzo en un colegio de Calama, donde un estudiante asesinó a una inspectora, aumentando la percepción de inseguridad en espacios educativos.
Aún con la reiteración de estos episodios, no existe un protocolo uniforme a nivel nacional para enfrentar amenazas de violencia extrema en colegios. Las respuestas han sido ineficaces, desde las suspensiones preventivas de clases hasta medidas reactivas, lo que, según expertos, evidencia una falta de preparación estructural frente a este tipo de riesgos.
En conversación con Diario Regionalista, la abogada Paula Riveros Valencia, explicó que los establecimientos educacionales tienen la obligación de resguardar la integridad física y mental de sus estudiantes, incluso cuando las amenazas no se concretan. “Una amenaza de esta naturaleza debería activar inmediatamente deberes de prevención, contención y evaluación del riesgo”, afirmó, agregando que existe un deber reforzado debido a que niños, niñas y adolescentes están bajo la custodia del colegio.
Riesgos legales
La profesional advirtió que la falta de protocolos claros o su mala aplicación puede constituir negligencia. “Si no se aplican o no son conocidos por la comunidad educativa, el establecimiento incumple su deber de cuidado”, sostuvo.
A su vez, explicó que una reacción inadecuada podría derivar en responsabilidades civiles, sanciones administrativas e incluso eventuales consecuencias penales, además de permitir que las familias recurran a acciones legales para resguardar derechos fundamentales.
Este fenómeno se vincula con un problema mayor de convivencia escolar. En 2024 se registraron 4.680 denuncias por maltrato entre estudiantes en el país, en 2025 aumentaron más del 14% según la Superintendencia de educación, mientras que cerca de un 45% de los estudiantes declara haber sufrido bullying.
El acoso escolar sigue siendo una de las principales formas de violencia que afecta a niños, niñas y adolescentes, impactando su bienestar y su derecho a una educación segura.
Millaray Santander Iglesias 
Matias Recabarren