Por Redacción 
La reciente aprobación con una mayoría de 23 votos de los representantes de la derecha en el Senado, de la iniciativa que busca la conmutación de penas para reclusos por razones de edad y salud, ha generado un profundo eco en la opinión pública. El proyecto de ley, que actualmente transita su primer trámite constitucional, permitiría que personas condenadas judicialmente terminen sus sentencias fuera de la cárcel si cumplen ciertos criterios médicos o etarios.
Sin embargo, la última encuesta Cadem reveló que la ciudadanía se opone rotundamente a que este beneficio alcance a criminales de alta peligrosidad o autores de crímenes de lesa humanidad.
Desde el actual gobierno del presidente Boric, quien deja su cargo este 11 de marzo, han lanzado una seria advertencia sobre el alcance de esta medida: Cientos de condenados por violaciones a los derechos humanos y otros delitos como homicidio, femicidio, parricidio y violaciones contra menores de edad, calificarían para salir en libertad.
El nuevo gobierno de José Antonio Kast se ha mostrado a favor de esta propuesta y han sido las distintas bancadas de derecha las que han promovido y apoyado la iniciativa.
El sondeo de esta semana muestra que el apoyo a la medida disminuye drásticamente a medida que se especifica el tipo de delito:
- Enfermos graves: Solo un 37% respalda la conmutación de penas para personas con enfermedades terminales, frente a un 56% que se opone.
- Criterio de edad: La posibilidad de liberar a hombres mayores de 70 años y mujeres mayores de 65 es rechazada por el 76% de los encuestados, con apenas un 17% a favor.
- Derechos Humanos: Un 77% de la ciudadanía rechaza aplicar esta medida a criminales de lesa humanidad, mientras que solo un 16% la aprueba.
- Asesinos y violadores: El rechazo llega a su punto máximo en este segmento, con un demoledor 92% en contra y un ínfimo 3% de apoyo.
De prosperar la ley, figuras emblemáticas del crimen en Chile podrían optar al beneficio. Entre ellos Hugo Bustamante (asesino de Ámbar Cornejo), Julio Pérez (el psicópata de Alto Hospicio), María del Pilar Pérez (la «Quintrala») y el exagente de la DINA, Miguel Krassnoff. Incluso casos recientes como el de Miguel Ángel Cerda, imputado como autor intelectual de un sicariato, entrarían en el radar de posibles beneficiarios.
Cabe recordar que la votación estuvo dividida entre los representantes de la Región de Antofagasta en la Cámara Alta. Mientras los senadores Pedro Araya (PPD) y Esteban Velásquez (FREVS) rechazaron la propuesta, la senadora Paulina Núñez (RN) entregó su voto a favor.