Recordar para no retroceder

A 53 años del golpe de Estado, la memoria no es una mirada atrapada en el pasado. Es una forma de cuidar el presente y proteger el futuro.

Cada septiembre Chile vuelve a preguntarse qué significa recordar el golpe de Estado de 1973. Quizás la pregunta más importante no sea solamente qué ocurrió hace 53 años, sino qué hemos aprendido de aquello y qué estamos dispuestos a defender hoy para que nunca más vuelva a ocurrir.

Porque recordar no es vivir en el pasado. Es reconocer que existen ciertos límites que una sociedad no puede volver a cruzar.

Los derechos humanos representan, precisamente, un piso mínimo de civilización: la dignidad humana, la vida, la integridad física y psíquica, la libertad, la igualdad, la libertad de expresión, la participación política y el debido proceso. Derechos que no dependen de nuestras simpatías políticas, de nuestras creencias ni de si pensamos igual que quien gobierna.

Por eso, frente a una dictadura, la discusión no puede reducirse a las preferencias políticas de quienes la apoyaron o la rechazaron. La dictadura cívico-militar instalada en Chile después del 11 de septiembre de 1973 significó concentración del poder, restricción de las libertades y graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

Y esto no es patrimonio de una determinada ideología.

Las dictaduras, los autoritarismos y los totalitarismos, sean del signo que sean, tienen algo en común: colocan el poder por encima de la dignidad de las personas.

Esta distinción resulta especialmente importante hoy. La defensa de los derechos humanos no puede depender de quién gobierna, de quién es la víctima o de quién es el victimario. Si creemos que los derechos humanos son universales, debemos defenderlos incluso cuando hacerlo resulte incómodo para nuestras propias posiciones políticas.

La historia nos ha enseñado que cuando una sociedad acepta que determinadas personas pueden ser despojadas de sus derechos porque son consideradas enemigas, peligrosas, inferiores, diferentes o simplemente incómodas, los límites comienzan a desaparecer. Y cuando desaparecen, quienes primero pagan el costo suelen ser quienes tienen menos poder para defenderse: niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, personas mayores, pueblos originarios, personas de las diversidades y, en general, cualquiera que no encaje en el modelo de sociedad que quienes detentan el poder consideran aceptable.

Por eso los derechos humanos no son un lujo para tiempos tranquilos. Son especialmente necesarios cuando las sociedades atraviesan crisis, miedo, polarización o incertidumbre.

Quizás por eso resulta tan interesante que, en estos días, los años 80 vuelvan a aparecer en nuestra cultura popular. La música, la estética, las fotografías y los llamados trends nos invitan a mirar aquella década con cierta nostalgia.

Pero los años 80 fueron mucho más que una estética. Fueron una década de protestas, organización social, resistencia y miedo; una década en la que Chile comenzó a reconocer, cada vez con mayor claridad, que una dictadura no le hacía bien al país.

Fue la década de los movimientos sociales y de las organizaciones de mujeres. También fue la década en que ocurrieron hechos que todavía estremecen nuestra conciencia colectiva: el asesinato de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino; el caso de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, quemados durante una jornada de protesta en 1986; y tantos otros episodios de violencia política que marcaron a una generación.

Y fue también la década en que una parte cada vez más amplia de la sociedad comenzó a organizarse para recuperar aquello que parecía perdido: la democracia. Fue la década cuando Chile comenzó a decir basta.

El 5 de octubre de 1988, millones de personas participaron en un plebiscito cuyo resultado abrió el camino al término de la dictadura y al retorno de la democracia.

Recordar aquello también es importante. La recuperación de la democracia no fue un regalo. Fue el resultado de años de organización, movilización, participación y perseverancia de personas y organizaciones que entendieron que había algo más importante que cualquier diferencia política: recuperar la posibilidad de vivir juntos bajo reglas democráticas.

A veces se escucha decir que ya ha pasado demasiado tiempo, que debemos «dar vuelta la página» o que hablar del golpe y de la dictadura solamente sirve para dividir, pues no. Una sociedad democrática no puede construir su futuro sobre el olvido.

La memoria no busca mantener abiertas las heridas. Busca impedir que sean negadas, banalizadas o utilizadas nuevamente como justificación.

Chile ha asumido compromisos internacionales en materia de derechos humanos y ha intentado construir, después de la dictadura, políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. La memoria forma parte de ese proceso porque conocer lo ocurrido permite reconocer a las víctimas, comprender cómo fue posible que ocurriera e identificar las instituciones, decisiones y silencios que permitieron que la violencia se transformara en política de Estado.

Y permite, sobre todo, preguntarnos qué debemos hacer hoy para que aquello no vuelva a suceder.

Podemos discutir indefinidamente sobre la historia política de Chile. Podemos tener distintas interpretaciones sobre las causas de la crisis de 1973 y debatir sobre los errores y responsabilidades de los distintos actores de aquella época.

Lo que no podemos relativizar es la dignidad humana.

Nada justifica la tortura. Nada justifica la desaparición forzada. Nada justifica el asesinato político. Nada justifica que el Estado utilice su poder para perseguir, castigar o eliminar a quienes considera enemigos.

Quizás esta sea la razón por la que recordar el 11 de septiembre importa tanto en el Chile de hoy.

No para trasladar mecánicamente el pasado al presente. Hoy vivimos en democracia. Pero las democracias no son estructuras que se construyen una vez y quedan garantizadas para siempre. Siempre pueden estar en riesgo.

En distintas partes del mundo han crecido discursos autoritarios, nacionalismos excluyentes, liderazgos que desprecian los contrapesos institucionales y formas de iliberalismo que parecen sostener que basta con ganar una elección para que todo quede permitido.

Y no. Ganar una elección entrega legitimidad para gobernar. No entrega licencia para vulnerar derechos.

La democracia es mucho más que votar. Es también separación de poderes, Estado de derecho, libertad de expresión, pluralismo, independencia institucional, protección de las minorías y límites al ejercicio del poder.

Son precisamente esos límites los que los derechos humanos buscan proteger.

Por eso recordar el golpe de Estado de 1973 no debería ser solamente una conversación entre quienes vivieron ese período ni entre quienes tienen determinadas posiciones políticas. Debería ser una conversación sobre qué tipo de sociedad queremos construir para quienes vienen después.

La memoria también pertenece a las nuevas generaciones: a quienes nacieron después de la dictadura y tienen derecho a conocer lo que ocurrió; y a quienes tendrán que decidir, en el futuro, si los derechos humanos serán realmente universales o volverán a depender de quién tenga el poder.

Por eso, cuando este septiembre recordemos los 53 años del golpe de Estado, quizás debamos hacerlo pensando menos en el pasado como una disputa y más en el futuro como una responsabilidad.

Recordar significa preguntarnos qué estamos haciendo en 2026 para que nadie tenga que volver a vivir 1973.

Significa entender que los derechos humanos no son de izquierda ni de derecha. No pertenecen a un gobierno, a un partido ni a una generación. Pertenecen a todas las personas por el solo hecho de ser personas.

La memoria no es una carga. Es un puente. Un puente entre quienes sufrieron, quienes necesitan conocer y quienes todavía no han nacido. Un puente entre la verdad del pasado, las decisiones del presente y la responsabilidad que tenemos con el futuro.

Porque si algo deberíamos haber aprendido después de 53 años es que la democracia puede perderse más rápido de lo que una sociedad imagina, pero defender la dignidad humana todos los días puede ayudar a que nunca volvamos a perderla.

Ese debería ser nuestro compromiso.

Nunca más en Chile. Nunca más en ninguna parte.

Por Karen Lagues Farias.