Por Valentina San Martín Soto 
El levantamiento del secreto bancario continúa generando diferencias políticas, mientras parlamentarios buscan consensos para fortalecer la persecución del narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción.
El debate sobre el levantamiento del secreto bancario continúa generando diferencias entre sectores políticos mientras el Congreso busca avanzar en medidas para fortalecer la persecución del crimen organizado, el narcotráfico y los delitos económicos. Y aunque existe cierto consenso sobre la necesidad de dotar al Estado de mayores herramientas investigativas, persisten discrepancias respecto a los límites y resguardos que debe contemplar la iniciativa.
La discusión se desarrolla en medio de un escenario marcado por el aumento de los delitos asociados al crimen organizado. Según cifras del Ministerio Público, las investigaciones vinculadas a organizaciones criminales y lavado de activos han aumentado durante los últimos años, reforzando la necesidad de seguir la ruta del dinero para identificar estructuras delictivas y sus fuentes de financiamiento.
En conversación con Diario Regionalista, el diputado Fabián Ossandón sostuvo que el principal desafío radica en encontrar un equilibrio entre seguridad y garantías individuales. “Chile necesita herramientas modernas para combatir el delito y no puede seguir entregando ventajas a quienes utilizan el sistema financiero para ocultar recursos de origen ilícito”, afirmó.
El parlamentario agregó que continuar postergando la discusión limita la capacidad del Estado para desarticular organizaciones criminales. “Debemos perseguir a los delincuentes donde más les duele. Estoy disponible para respaldar todas las herramientas legales que permitan perseguir a las bandas criminales y también a los delincuentes de cuello y corbata que creen estar por sobre la ley”, manifestó.
El debate también ha estado marcado por diferencias políticas respecto a los mecanismos de acceso a la información financiera. Mientras algunos sectores advierten riesgos para la privacidad de las personas, otros sostienen que las restricciones actuales dificultan investigaciones relacionadas con corrupción, lavado de activos y financiamiento ilícito.
El diputado Sebastián Videla señaló que la discusión debe centrarse en criterios técnicos y no ideológicos. “Aquí no se trata de izquierda o derecha, sino de entregar herramientas reales para perseguir el dinero del crimen organizado”, declaró. Videla planteó que cualquier modificación debe incorporar controles claros sobre quién puede solicitar la información bancaria, bajo qué condiciones y qué sanciones existirán ante eventuales abusos. Asimismo, aseguró que la transparencia debe alcanzar también a las autoridades cuando corresponda.
El freno parlamentario al levantamiento del secreto bancario ha abierto un flanco crítico para el Presidente Kast, ya que un 83% de los chilenos apoya flexibilizar esta medida sin autorización judicial previa para combatir al narcotráfico, coincidiendo con un alza en la desaprobación a su gestión.
Mientras la discusión continúa en el Congreso, especialistas y autoridades coinciden en que seguir la “ruta del dinero” es una de las herramientas más efectivas para desarticular al crimen organizado, por lo que el desafío político ahora será encontrar un equilibrio legal que permita fortalecer la seguridad pública con urgencia sin comprometer el derecho fundamental a la privacidad.
Redacción 
Matias Recabarren