Por Redacción 
Frente al Ministerio de Justicia, diversas organizaciones manifestaron su indignación por el retiro del Plan Nacional de DD.HH. y el avance del proyecto que busca liberar a condenados por crímenes de lesa humanidad.
La Coordinadora Nacional de Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos se congregó este viernes frente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para expresar su «preocupación e indignación» ante una serie de medidas impulsadas por la administración del presidente José Antonio Kast.
Las organizaciones, entre las que destaca la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Antofagasta, alertaron sobre lo que califican como una estrategia de impunidad promovida por sectores de la derecha tradicional y la ultraderecha, hoy en el poder Ejecutivo, y que representan «un grave retroceso en memoria, verdad y justicia en Chile».
Rechazo a la impunidad
El punto central de la convocatoria fue el rechazo categórico al proyecto de ley de conmutación de penas, que busca otorgar beneficios de reclusión domiciliaria a condenados por crímenes de lesa humanidad bajo el pretexto de «avanzada edad» o «enfermedades crónicas». Para los familiares, esta iniciativa es una «aberración» que utiliza dolencias propias de la vejez para permitir que genocidas eludan la justicia sin mostrar arrepentimiento ni entregar información sobre el paradero de las víctimas.
Las agrupaciones recordaron que el Estatuto de Roma y la jurisprudencia internacional prohíben beneficios carcelarios desproporcionados para violadores de derechos humanos, pues «vacían de contenido las sentencias».
Retiro de planes y exigencia de búsqueda
Otro foco de alarma es el retiro del Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos 2026-2029 de la Contraloría General de la República. Según el comunicado emitido por las agrupaciones, este instrumento es una hoja de ruta técnica e interministerial esencial para cumplir con las obligaciones internacionales de Chile, y su abandono constituiría una «afrenta a las víctimas».
Finalmente, los manifestantes exigieron al Gobierno otorgar máxima urgencia a la tramitación del Plan Nacional de Búsqueda en el Senado, tras su aprobación en la Cámara de Diputados. «La búsqueda de nuestros familiares es un deber ético que no puede quedar sujeto a voluntades políticas contingentes», declararon las agrupaciones, enfatizando que para ellos el «Nunca Más» es un estándar jurídico que la democracia no puede relativizar.
A continuación puedes leer el comunicado completo:
Millaray Santander Iglesias 
Matias Recabarren