Por Redacción 
Las explicaciones entregadas por la Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI frente a las reiteradas fallas en el Hospital Regional de Antofagasta vuelven a generar cuestionamientos sobre la gestión de la empresa a cargo del recinto. Esta vez, la concesionaria atribuyó los problemas del sistema de climatización a un “escenario excepcional de altas temperaturas” y a una mayor demanda asistencial.
Estos argumentos se suman a explicaciones previas donde responsabilizó a la supuesta corrosión del agua por fallas en tuberías y cañerías. “Es importante considerar que el factor de la calidad del agua, y con ello, los efectos de la corrosión en las tuberías han afectado la infraestructura”, indicaron en mayo de 2025.
Sobre las fallas más recientes, en una primera declaración pública emitida hace pocos días, la empresa sostuvo que “la región de Antofagasta enfrenta actualmente un escenario excepcional de altas temperaturas, lo que ha impactado la sensación térmica en determinados sectores del hospital”, agregando que el aumento de pacientes ha generado “una presión adicional sobre las condiciones operativas del recinto”. Días después, insistió en la misma línea, sumando que la dotación de funcionarios “supera lo considerado en el proyecto original”.
Sin embargo, estas explicaciones contrastan con la gravedad de los hechos constatados por la Seremi de Salud, que detectó incumplimientos a la normativa sanitaria por temperaturas y humedad fuera de norma en gran parte del hospital, otorgando un plazo de 15 días para subsanar las deficiencias. A ello se suma que este es al menos el tercer verano consecutivo con problemas similares, lo que debilita la tesis de un fenómeno “excepcional” o imprevisto.
Desde Salud Siglo XXI aseguran que “desde el primer momento” activaron protocolos técnicos y que los trabajos de mantenimiento correctivo se iniciaron en febrero de 2025, ejecutándose incluso en fines de semana para no afectar la atención clínica. No obstante, las fallas han impactado directamente áreas críticas como farmacia y laboratorio, provocando retrasos en exámenes, riesgos en la conservación de medicamentos de alto costo y afectación directa a pacientes y funcionarios.
Este escenario ha reactivado con fuerza las críticas políticas. El gobernador regional Ricardo Díaz calificó la situación como “gravísima” y exigió poner fin a la concesión, mientras que el diputado Sebastián Videla emplazó al Ejecutivo a cumplir el compromiso de terminar el contrato con la empresa, acusando una gestión reiteradamente deficiente que pone en riesgo la salud pública de la región.
Así, mientras la concesionaria responsabiliza factores externos —primero el agua, ahora el calor—, crece la presión para revisar de fondo un modelo de concesión que, a juicio de autoridades y gremios de la salud, ha demostrado no estar a la altura de un hospital de alta complejidad en una de las regiones más estratégicas del país.