Por Redacción 
El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, resolvió aplicar la destitución como sanción en el denominado caso “Plan 9 Papers”, elevando la medida inicialmente propuesta por la Contraloría Regional, que contemplaba una rebaja salarial y descuentos en la calificación funcionaria.
El caso se originó a partir de un documento de más de 700 páginas, conocido como “Plan 9 Papers”, que contenía transcripciones de conversaciones del exalcalde Jonathan Velásquez y su círculo cercano. En los mensajes se revelaban burlas, memes y comentarios racistas dirigidos a funcionarios, autoridades y vecinos de la comuna, además de alusiones a eventuales beneficios a determinados empresarios.
Tras instruir íntegramente el sumario administrativo, la Contraloría Regional de Antofagasta concluyó la investigación en noviembre de 2025, proponiendo como sanción para seis funcionarios una rebaja del 20% de sus remuneraciones y cuatro puntos menos en su calificación funcionaria. Sin embargo, conforme a la normativa vigente, la sanción definitiva debía ser evaluada y resuelta por el jefe de servicio.
Luego de revisar los antecedentes, el alcalde Razmilic estimó que la gravedad de los hechos acreditados no era proporcional a la sanción propuesta, resolviendo aplicar la destitución, la máxima sanción administrativa, la que además implica una inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años.
Entre los sancionados figuran los funcionarios municipales Rodrigo Silva y Carolina Alvarado, quienes aún se desempeñaban en el municipio al momento de la resolución. A ellos se suman los ex trabajadores de la casa consistorial Diego Yáñez, Luis Pizarro y Yessenia Collao, además de Yamilé Guzmán, actual administradora municipal de Sierra Gorda, quien también aparece mencionada en el proceso disciplinario.
El administrador municipal de Antofagasta, Rafael Castro, explicó que las personas que continúan en funciones fueron notificadas personalmente y que, desde ese momento, comenzaron a correr los plazos legales para la presentación de eventuales recursos de reposición. Una vez resueltos, el expediente deberá ser remitido nuevamente a la Contraloría para la correspondiente toma de razón.
En el caso de quienes ya no trabajan en el municipio, desde la administración se aclaró que las sanciones igualmente tendrán efectos administrativos, quedando registradas en sus hojas de vida funcionaria. Esto implica que, en caso de reingresar a la administración pública, la destitución y sus consecuencias podrán hacerse efectivas en el nuevo servicio.
El caso “Plan 9 Papers” vuelve a instalar un debate de fondo sobre la responsabilidad administrativa, la cultura organizacional al interior del municipio y los límites de la impunidad en el ejercicio del poder local, dejando en evidencia prácticas que dañaron gravemente la confianza pública y el clima laboral en la principal casa consistorial de la región.