Por Redacción 
Un proyecto de reforma constitucional ingresado por el diputado Gaspar Rivas encendió una inmediata alerta, al proponer una profunda reconfiguración del sistema institucional chileno bajo la figura del denominado “Estado de Justicia”. La iniciativa concentra amplias atribuciones en la figura del Presidente de la República, incluyendo la facultad de disolver el Congreso Nacional.
El texto plantea que el mandatario pueda dictar decretos aun sin una habilitación legal previa cuando estime que existe una “necesidad social urgente” o un error institucional que requiera corrección inmediata. Con ello, el proyecto busca saltarse el Estado de Derecho, permitiendo una acción ejecutiva autoritaria.
Uno de los ejes más cuestionados es la posibilidad de que el Presidente declare, una vez al año, un mensaje como “Esencial para el Interés Superior de la Nación” en áreas estratégicas como seguridad pública, previsión social, recursos naturales o empresas del Estado. Si el Congreso rechazara o modificara sustancialmente ese mensaje, el Ejecutivo quedaría habilitado para disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones legislativas.
El proyecto establece que el nuevo Congreso sería elegido 180 días después de la disolución, periodo durante el cual el Presidente asumiría funciones legislativas mediante decretos con fuerza de ley en materias específicas. A ello se suma otro punto especialmente sensible: la derogación automática -incluso con efecto retroactivo- de cualquier norma que contradiga el texto o el “espíritu” de la Constitución reformada, una cláusula que abre amplios márgenes de interpretación y discrecionalidad.
Gaspar Rivas defendió su iniciativa acusando que el Congreso ha “boicoteado o desnaturalizado” proyectos relevantes por motivaciones ideológicas, y citó experiencias internacionales como Perú y la Constitución de Weimar en Alemania para justificar la disolución parlamentaria como un mecanismo excepcional.
Sin embargo, las críticas surgieron con fuerza desde distintos sectores. La diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, calificó la propuesta como “peligrosa” y advirtió que representa un riesgo directo para el equilibrio de poderes. “Estamos en una fase inicial del vaciamiento de la democracia y del Estado de Derecho”, sostuvo, señalando que la iniciativa elimina contrapesos esenciales y abre la puerta a un presidencialismo sin controles efectivos.
A poco más de 80 días del cambio de mando presidencial, el debate recién comienza, pero el proyecto ya instaló una alerta transversal sobre los límites del poder ejecutivo y la fragilidad institucional que podría implicar una reforma de este calibre.