Por Valeria Ríos Guerrero 
El reciente error en el cálculo de las tarifas eléctricas, que derivó en cobros indebidos en las cuentas de la luz entre 2024 y 2025, sigue generando repercusiones políticas y técnicas. La situación provocó la renuncia del exministro de Energía, Diego Pardow (FA) el pasado jueves 16 de octubre, y abrió un debate sobre las falencias estructurales del sistema tarifario y los efectos de las decisiones políticas adoptadas en los últimos años.
Hector Poblete Gómez, presidente de la Asociación de Consumidores de Antofagasta se refirió a las responsabilidades políticas y de las empresas, señalando que: “todos se han tirado la pelota, pero independiente de quien tenga la responsabilidad, este mal cobro ha sido una vergüenza nacional, porque esto no es de hace seis meses, es de hace muchos años”.
Desde el ámbito técnico, el ingeniero civil mecánico Javier Piedra Fierro, director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos y académico de la Universidad de Concepción, explicó en una entrevista con Radio Cooperativa, que las empresas del sector “sabían perfectamente que se les estaba pagando más”, evidenciando una falta de control y transparencia en la aplicación de la fórmula tarifaria.
Piedra agregó que la metodología vigente: «es errónea e injusta, la verdad es que (durante mucho tiempo) generaba alzas extremadamente marginales en la cuenta. ¿Dónde quedó el descalabro? Fue en 2019, cuando se congeló la tarifa eléctrica«. Aludiendo a cuando el gobierno de entonces congeló la tarifa eléctrica como medida de contención frente al malestar social, acumulando costos que, posteriormente se tenían que traspasar a los usuarios, explicó el académico a Radio Cooperativa.
Además, el exministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a la destitución del Ministro Pardow en una entrevista con Diario Financiero, señalando que el problema refleja una mala práctica en materia de política pública. “Es un ejemplo más de que congelar tarifas es una pésima decisión de política pública”, afirmó Marcel.
El Gobierno comprometió una auditoría independiente y la devolución de los cobros indebidos a los consumidores, aunque aún no se ha precisado el mecanismo ni los plazos para su implementación.
El caso ha generado debate sobre la sostenibilidad del sistema tarifario, la necesidad de una mayor fiscalización sobre las distribuidoras eléctricas y el rol del Estado en la regulación de servicios esenciales.
Redacción