Por Valeria Ríos Guerrero 
El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó para el lunes 17 de noviembre, la audiencia de preparación de juicio oral de la causa Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo por el denominado “Caso Convenios”, donde el Ministerio Público solicita penas individuales totales de entre 10 y 35 años de cárcel para siete imputados.
El jueves pasado, la Fiscalía comunicó el cierre de la investigación en esta causa, tras haber completado una serie de diligencias solicitadas por una de las defensas, situación que, en su momento, llevó al tribunal a disponer la reapertura de la etapa investigativa.
El Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, destacó la rapidez con que se abordaron las últimas diligencias solicitadas, explicando que “fueron completadas antes del plazo de 45 días entregado en su oportunidad por el tribunal, lo que permitirá ahora avanzar hacia la preparación del juicio oral y posterior juicio oral en este caso que es de alto interés para la comunidad, por involucrar presuntos hechos de corrupción”.
En la audiencia de preparación del juicio oral, programada para el 17 de noviembre, la Fiscalía, las defensas y los querellantes presentarán las pruebas que utilizarán en el juicio y el juez decidirá cuáles serán admitidas. Luego, el tribunal dicta un documento llamado “auto de apertura del juicio oral”, que resume los hechos por los cuales se juzgará a los imputados y las pruebas que se aceptaron. El documento pasa al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, que es el encargado de realizar el juicio propiamente tal para dictar una sentencia.
Actualmente el Ministerio Público solicita penas individuales que van entre 10 y 35 años de cárcel para los siete imputados, entre los que se encuentran el ex seremi Carlos Contreras, el ex director de Democracia Viva, Daniel Andrade, la ex concejala Paz Fuica, la Diputada Catalina Pérez (que actualmente se encuentra desaforada), Kelly Bentacourt, Lorena Cisternas y Mery Donoso.
Finalmente, el tribunal debe fijar la fecha del juicio oral, que por ley es en un plazo de dos semanas, con un máximo de 60 días desde que se recibe el auto de apertura.
Leonardo Silva Martínez