Por Leonardo Silva Martínez 
Asociaciones municipales del norte acusaron menoscabo institucional tras la marginación de la alcaldesa Ljubica Kurtovic en una reunión encabezada por el ministro de Vivienda y Urbanismo y la delegada presidencial provincial Rachel Cortés, con vecinos del conjunto habitacional afectado por fallas estructurales.
El pasado martes 8 de julio, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, junto a la Delegación Presidencial Provincial, presentaron en Tocopilla un plan de intervención para dar solución definitiva a las familias del conjunto Alto Covadonga. Sin embargo, la exclusión de la alcaldesa Ljubica Kurtovic de las actividades oficiales generó rechazo entre autoridades locales, quienes denunciaron un nuevo ejemplo de centralismo y desconocimiento del rol de las autoridades electas en las regiones.
Durante la visita a la comuna de Tocopilla, en la que también participaron el gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz y la diputada Yovana Ahumada, se presentó una estrategia integral destinada a abordar las severas deficiencias estructurales del conjunto habitacional Alto Covadonga. El plan contempla la demolición de uno de los bloques más deteriorados, además de acciones de reparación, reubicación de familias y recuperación de redes de servicios básicos.
La medida fue recibida con esperanza por los residentes, quienes llevan años demandando una solución. “Finalmente, sentir que le podemos dar una buena noticia a nuestros vecinos, cambia todo absolutamente”, expresó Maritza Orellana, dirigenta del sector.
Según denunciaron desde la Asociación de Municipalidades del Norte de Chile (AMUNOCHI) y la Asociación de Municipalidades de la Región de Antofagasta (AMRA), la exclusión de la autoridad comunal fue una señal preocupante de centralismo y una falta de respeto hacia las autoridades elegidas democráticamente.
En una declaración pública conjunta, ambas asociaciones afirmaron que esta marginación constituye un “intento de menoscabo” hacia la alcaldesa Kurtovic, quien ha estado directamente involucrada en el levantamiento de antecedentes técnicos y en la búsqueda de soluciones para los vecinos. “Se requiere que desde el gobierno central entiendan que los problemas y sus soluciones no tienen color político”, afirmaron.
El conflicto pone nuevamente en cuestión la relación entre autoridades locales y el nivel central, especialmente en zonas extremas como el norte del país, donde la participación activa de los municipios es clave para canalizar las demandas territoriales. En este caso, fue el propio municipio el que encargó el “Estudio Diagnóstico de Infraestructura, Estructura e Instalaciones de los Departamentos de Alto Covadonga”, documento clave para definir las acciones del MINVU.
Delegada presidencial en entredicho por fallas de coordinación institucional
La delegada Rachel Cortés, en su rol de representante del gobierno central en la provincia, no solo coorganizó una actividad sin la alcaldesa de Tocopilla, sino que además dejó en evidencia una grave falla en la articulación territorial. Su decisión —o su omisión— de excluir a la autoridad comunal debilitó la respuesta institucional ante un conflicto sensible para la comunidad.
En vez de facilitar el diálogo entre niveles de gobierno, Cortés terminó profundizando la brecha de desconfianza entre el poder central y las autoridades locales. Lo que debió ser una señal de unidad frente a la crisis de Alto Covadonga, terminó exponiendo la desconexión política que aún persiste en la forma en que se implementan las políticas públicas en regiones.
Redacción