Columna | Blindar al crimen: La derecha y su negativa al levantamiento del secreto bancario

La reciente liberación del sicario Osmar Ferrer Ramírez, implicado en el asesinato del “Rey de Meiggs”, ha generado indignación ciudadana. El hecho no solo revela falencias graves en el sistema judicial, sino también la urgencia de fortalecer las herramientas del Estado para perseguir el dinero del crimen organizado. Entre ellas, el levantamiento del secreto bancario se vuelve una necesidad evidente.

Sin embargo, mientras la delincuencia se organiza, blanquea dinero y se infiltra en distintas actividades económicas, la derecha en el Congreso ha decidido bloquear iniciativas clave. En marzo pasado, el Senado -con los votos en contra de todos sus representantes de derecha, incluida la senadora por nuestra región, Paulina Núñez (RN)- rechazó una normativa para permitir acceder al secreto bancario sin orden judicial en casos de crimen organizado. El argumento fue que “el sistema ya funciona”, pese a que la realidad demuestra lo contrario.

Un reciente reportaje de CIPER Chile sobre el Tren de Aragua en nuestro país expuso una verdad incómoda: Durante años, cientos de operaciones bancarias ligadas a esta red criminal pasaron desapercibidas. Ningún banco emitió alertas preventivas. Las investigaciones comenzaron tarde, cuando gran parte del dinero ya había salido del país. Incluso la propia Unidad de Análisis Financiero (UAF) reconoció que actualmente solo logra detectar el 2% de los fondos que mueve el crimen organizado.

Los defensores del status quo argumentan que levantar el secreto bancario vulneraría derechos individuales. Pero lo cierto es que los proyectos en discusión no buscan intervenir cuentas personales por capricho. Solo en casos de delitos graves como narcotráfico, extorsión, sicariato o lavado de activos, y con criterios definidos por ley, se permitiría acceder a información financiera. Nada arbitrario, nada masivo.

Como explicó el economista Felipe Salce en CIPER, el sistema actual solo permite levantar el secreto bancario en investigaciones muy acotadas. La idea de ampliar estas facultades apunta a hacer más eficiente la persecución penal, sin eliminar controles ni garantías. De hecho, en la mayoría de los países de la OCDE, el acceso del fisco o de organismos especializados a esta información es mucho más directo.

Chile necesita avanzar. No podemos seguir permitiendo que los delincuentes operen con ventaja en un sistema que protege su anonimato financiero. Negarse a modernizar la ley es, en la práctica, facilitar el lavado de dinero. No se trata de izquierda o derecha. Se trata de tener un Estado que esté a la altura del desafío criminal que enfrentamos.

Mientras el crimen organizado se moderniza, algunos sectores políticos siguen atrapados en mitos y caricaturas. Es hora de que esa barrera ideológica caiga. Porque sin trazabilidad financiera, la lucha contra las mafias está perdida desde el inicio.