Por Redacción 
Un megaoperativo llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público desbarató esta semana una red dedicada al lavado de activos ligada a la organización criminal venezolana Tren de Aragua. El martes fueron detenidas 52 personas –45 de nacionalidad venezolana y siete chilenas– sospechosas de blanquear dinero obtenido por una célula delictual de dicha organización criminal, a través de delitos como secuestros, extorsiones, narcotráfico y estafas telefónicas.
De acuerdo con la investigación, esta red habría logrado sacar de Chile unos 13,5 millones de dólares mediante el sistema financiero formal, transfiriendo fondos a cuentas bancarias comerciales e incluso convirtiéndolos en criptomonedas, para luego enviarlos al extranjero. Destinos de estos montos incluían países como Colombia, México, España, Estados Unidos, Paraguay, Argentina y Venezuela. Las autoridades lograron congelar unas 250 cuentas bancarias vinculadas a la operación, aunque admiten que esos fondos ilícitos serán “difíciles de recuperar” .
El secreto bancario, una traba para la investigación
El modus operandi de esta red criminal puso en evidencia los obstáculos legales que entorpecen la detección oportuna del lavado de activos en Chile. En particular, el secreto bancario –la reserva legal que protege la información de las cuentas corrientes y transacciones de personas y empresas– ha emergido como una piedra de tope en la persecución eficaz de estos delitos.
El reciente caso de lavado de activos ha reavivado el debate legislativo sobre cómo dotar a las instituciones de mejores herramientas para seguir la ruta del dinero ilícito. Actualmente, en el Senado se discute el proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica para la persecución del crimen organizado, una iniciativa del Gobierno que busca fortalecer la coordinación y facultades de organismos como la UAF y el Servicio de Impuestos Internos (SII).
En dicho proyecto, el Ejecutivo propuso una controvertida norma que permitiría a la Fiscalía y a la UAF levantar el secreto bancario de organizaciones criminales sin orden judicial, acortando trámites en investigaciones de lavado de dinero. No obstante, en su trámite en el Senado esta cláusula fue rechazada en marzo de 2025 por la mayoría opositora, que votó en bloque en contra de esa facultad excepcional.
El resultado dejó en suspenso la aprobación final de la ley, pues el secreto bancario se ha vuelto el principal punto de conflicto: el Gobierno reconoce que esta diferencia es la que mantiene entrampada la reforma, y advierte que podría convertirse en “la piedra de tope” para su avance. Pese al revés, autoridades como el ministro de Hacienda, Mario Marcel, han anunciado que insistirán en reponer dicha facultad mediante indicaciones, convencidos de que es indispensable para enfrentar casos complejos de lavado de activos .
En paralelo, algunos legisladores oficialistas llevan años impulsando medidas para flexibilizar el secreto bancario en favor de la probidad y la lucha anticrimen. Uno de los pioneros ha sido Esteban Velásquez, exalcalde de Calama y hoy senador por Antofagasta (FRVS), quien cuando era diputado presentó en 2019 un proyecto de ley denominado “Control Preventivo a la Autoridad” para someter a escrutinio financiero a las altas autoridades del Estado.
Ingresada formalmente el 2 de abril de 2019 en la Cámara de Diputados, esta iniciativa establecía la obligación de que autoridades como el Presidente de la República, ministros, comandantes en Jefe de las FF.AA., parlamentarios, jueces de altos tribunales, entre otros, autorizaran a la UAF y al SII a fiscalizar sus cuentas bancarias desde el inicio de sus cargos. El objetivo, según Velásquez, era crear una excepción al secreto bancario para detectar enriquecimiento ilícito o flujos irregulares de dinero en el sector público, cerrando espacios a la corrupción.
“Actualmente la ley de transparencia no alcanza este punto, porque el secreto bancario impide a estos organismos fiscalizar los movimientos bancarios de quienes participamos en la vida pública. Con esta ley, si hay un movimiento en la cuenta de alguna autoridad que no tenga fundamento, estos organismos tendrán la facultad de intervenir”, explicó el entonces diputado en su momento. Velásquez defendió la idea bajo el principio de que “el que nada hace, nada teme”, proponiéndola como una forma de hacerle frente también a la corrupción política, civil y militar .
Ya como senador, Velásquez reingresó la moción en la Cámara Alta en 2022 para continuar su tramitación. El proyecto –que incluye también a alcaldes y autoridades regionales entre los sujetos de fiscalización– comenzó a discutirse en la Comisión de Economía del Senado en 2023. “El crimen organizado y la corrupción se combaten con transparencia a fondo de quienes ejercemos el servicio público”, argumentó Velásquez, abogando porque desde el día uno en el cargo las autoridades permitan la revisión de su patrimonio y movimientos bancarios.
No obstante, la iniciativa ha enfrentado resistencia política y avanzó lentamente. En palabras del propio senador, el proyecto ha quedado “durmiendo” en la Comisión, reflejando las dificultades para reunir apoyo transversal .
Tras el golpe al brazo financiero del Tren de Aragua, Velásquez ha redoblado sus llamados a aprobar medidas de este tipo. El parlamentario criticó duramente que sectores de derecha frenaran la propuesta del Gobierno para facilitar el levantamiento del secreto bancario en investigaciones criminales.
“No se entiende cómo quienes más dicen –al menos en la tele– querer terminar con el crimen organizado, hoy se niegan a permitir flexibilizar la apertura del secreto bancario, precisamente a las organizaciones criminales. Yo, sinceramente me pregunto, ¿a qué le tienen miedo?”, reprochó el senador regionalista. Velásquez recordó que lleva años impulsando esta medida junto a otros legisladores oficialistas, por lo que lamentó el “bloqueo permanente” que –afirma– han ejercido los partidos de derecha en este tema.
Valeria Ríos Guerrero 
Leonardo Silva Martínez