Columna: ¿Cómo y por qué enfrentar el negacionismo?

Los dichos de Evelyn Matthei reflotan el debate acerca del negacionismo sobre los hechos de la dictadura, ampliamente documentados. ¿Es mediante una ley como se puede enfrentar el ascenso de estos discursos?

El pasado 22 de abril, un fallo de la Corte Suprema confirmó la condena a militares por el asesinato de 14 pobladores, dirigentes sociales y políticos a fines de septiembre e inicios de octubre de 1973, en la localidad de Barrancas (llamado caso “Casa de la Cultura”).

Estos crímenes fueron refrendados como un hecho. Sin embargo, en las últimas semanas se adelantó la campaña electoral y las candidaturas de la derecha han aprovechado el momento para instalar ideas antidemocráticas, incluyendo relativizar los crímenes ocurridos durante la dictadura, particularmente con las recientes declaraciones de Evelyn Matthei, acusando que las atrocidades del golpe eran inevitables.

Relativizar o negar los hechos o realidades que han sido comprobadas es como podemos definir el negacionismo. Por ejemplo, Paul Rassinier, a fines de la Segunda Guerra Mundial, negaba abiertamente los crímenes del nazismo, sobre todo la muerte de millones de judíos.

Así como Rassinier, también hay negacionistas de los crímenes de la dictadura, los que están ampliamente documentados por la misma justicia, la que a pesar de demorar en responder, ha tenido que reconocer la existencias de estas violaciones a los Derechos Humanos. Así también, importantes reportajes periodísticos han dado cuenta sobre los diversos casos judiciales, los crímenes, los victimarios, centros de detención y todos los vejámenes cometidos en el período más oscuro que ha vivido nuestro país.

Es importante combatir el negacionismo, pero este no se combate restringiendo libertades o ampliando el poder punitivo del Estado, como se postula mayoritariamente a través de leyes que establezcan sanciones penales ante su comisión, pues el peligro es que estas restricciones de la democracia (e incluso muchas veces usadas en nombre de la democracia, como lo fuera la Ley de Defensa de la Democracia, que precisamente fue impulsada en su tiempo por el propio Partido Comunista, posteriormente proscrito gracias a esa misma ley) invariablemente terminan dirigidas contra, precisamente, los más vulnerables: los y las trabajadores y los pobres.

Una ley contra el negacionismo no asegura el éxito al momento de combatir el negacionismo. La experiencia internacional nos muestra que el negacionismo y los discursos de derecha siguen avanzando con este tipo de “restricciones”. Así, en Alemania, donde en medio de una fuerte campaña de armamento militar y discursos de seguridad, contra los migrantes y los pobres, la derecha de “Alternative fur Deutschland” vuelve a poner en la relevancia política a fuerzas negacionistas.

O bien, pensemos en el caso de Israel, en donde también existen leyes que penalizan el negacionismo, lo que es contraproducente si pensamos en la negativa de reconocer a Palestina como un Estado autónomo. En este caso podemos ver cómo el negacionismo es una política implícita del Estado, claramente racista.

El Estado y la ley por sí mismos son incapaces de detener el ascenso de la derecha y la ultraderecha, las que justamente en este gobierno han aprovechado el camino abierto por fuerzas oficialistas, tras abrazar su discurso de seguridad y crecimiento.

Los discursos negacionistas buscan disputar la memoria. Esta disputa se juega día a día, con cada caso de impunidad policial, como los actuales casos de Martina y Milán (asesinados por la policía en el Estadio Monumental) o como el caso ocurrido post estallido social mediante una ley represiva denominada de gatillo fácil “Naín-Retamal”, en contra de Maritza Pizarro (asesinada por un PDI en su casa en Antofagasta). Y también la reciente desaparición de Julia Chuñil, dirigenta mapuche desaparecida desde el 8 de noviembre del 2024 y respecto de la cual, a la fecha, no hay avances ni disposición del Estado para perseguir a los responsables.

Para enfrentar estos discursos negacionistas es urgente que las organizaciones de Derechos Humanos, sociales y políticas, seamos enfáticas en denunciar estos discursos apenas se emitan. Pero ello no basta: Necesitamos organizarnos, fortalecer nuestra coordinación y unidad y educar a la población para que podamos construir un pueblo con memoria. 

*Daniel Vargas es abogado y forma parte de la Defensoría Popular de Antofagasta.