La Contraloría Regional de Antofagasta emitió un contundente informe de auditoría que reveló diversas irregularidades en la supervisión de la ejecución de fondos públicos por parte del Gobierno Regional (GORE) de Antofagasta. El documento detalla que, en 11 convenios suscritos entre el GORE y entidades privadas, se evidenciaron gastos por un total de $395.802.720 que carecen de respaldo documental, recepción conforme de bienes o servicios y, en algunos casos, presentan antecedentes ilegibles o incompletos.
Ante esto, la Contraloría ordenó al ente público remitir la documentación faltante o, en su defecto, gestionar el reintegro de los montos por parte de las entidades privadas involucradas, en un plazo máximo de 30 días hábiles.
Además, se detectaron gastos improcedentes por $4.342.565 en rendiciones presentadas por el Centro de Investigación Científico Tecnológico para la Minería (CICITEM), organismo que ha estado en el ojo del huracán en los últimos días, tras confirmarse el inicio de una investigación por posible fraude al fisco y malversación de fondos. En este caso, la Contraloría ordenó al Gobierno Regional solicitar el reintegro del monto objetado.
Falta de supervisión y retrasos en proyectos
El informe también reveló serias deficiencias en la supervisión de una serie de proyectos. Uno de los casos corresponde a la Fundación Procultura, entidad que también ha sido objeto de múltiples cuestionamientos en el último tiempo, tras estallar el caso convenios.
Según el ente contralor, se constataron discrepancias entre los montos aprobados por el GORE en el “Informe de liquidación” N° 00158/2023, de 29 de septiembre de 2023, por la suma de $86.997.500 y los gastos rendidos por dicha organización, toda vez que se consideraron gastos no rendidos por la fundación por $14.797.500, y gastos aprobados por el ente público por montos superiores a los rendidos por la suma de $4.616.900.
La Contraloría criticó la falta de controles internos en el GORE, destacando que en 8 de 12 proyectos auditados no se realizaron supervisiones en terreno, lo que expone a la entidad a riesgos operacionales y retrasos no advertidos a tiempo.
Medidas correctivas y sumario administrativo
Ante estos hallazgos, la Contraloría ordenó al GORE implementar medidas correctivas y la realización de supervisiones periódicas a los proyectos financiados con recursos públicos. Además, se instruyó la apertura de un sumario administrativo para investigar las eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.
El informe fue remitido a la Fiscalía Local de Antofagasta y al Consejo de Defensa del Estado para su revisión y posibles acciones legales. La Contraloría advirtió que, de no cumplirse las exigencias en los plazos establecidos, se formularán los reparos correspondientes y se podrían iniciar acciones adicionales conforme a la ley.
Respuesta del Gore
Consultados por nuestro medio de comunicación, desde el Gobierno Regional informaron que «de los 1.098 proyectos adjudicados en el periodo de estudio, que totalizan mas de 48 mil millones, actualmente solo hay reparos a menos de 10 organizaciones».
Asimismo, detallaron una serie de acciones realizadas para responder a estos cuestionamientos del ente fiscalizador, entre ellas el inicio de investigaciones sumarias, el diseño de mayores mecanismos de control y supervisión, la elaboración de manuales de procedimientos y la solicitud de autorización para contratación de más profesionales para aumentar las inspecciones.
«Igualmente se debe señalar que a la fecha se ha cumplido con la totalidad de los plazos para levantar observaciones asociadas a exigencias impuestas por el ente contralor, a lo cual se ha dado respuesta a través de la plataforma de seguimiento y control que administra Contraloría, sin recibir nuevas observaciones. Sobre el punto 9 , donde se hace referencia a cerca de 400 millones de pesos, se cumplió el plazo el día 28 de enero para aportar los antecedentes, donde se envió un complemento de respaldos de los gastos aludidos y a la fecha no hay nuevas observaciones a ese punto específico», informaron.
«Ponemos énfasis en que siempre el Gobierno Regional ha cumplido con la normativa vigente y que muchos de las medidas comenzaron a aplicarse con posterioridad a la firma de los convenios y que debido a cambios en la ley su obligatoriedad fue posterior, por lo que contraloría NO detecta irregularidades, sino que señala que faltan más respaldos, por ejemplo, se entregó copia de factura y se pide el original, o se entregaron de forma digital y se pide en papel físico, son cuestionamientos de forma, debido a nuevas exigencias, sin embargo, no son cuestionamientos sobre el destino de dichos recursos», agregaron desde el Gobierno Regional.