Por Fernando San Román 
El reciente indulto presidencial otorgado por el Presidente Gabriel Boric a Katty Hurtado es más que una decisión política; es un acto de humanidad y justicia hacia una mujer que, durante años, ha sido el rostro visible de la desigualdad en el acceso a la justicia. Este caso nos obliga a reflexionar sobre el rol del Estado frente a situaciones de violencia de género y sobre los vacíos que persisten en nuestro sistema judicial.
Las organizaciones feministas que han alzado la voz durante todo este tiempo, han reafirmado que Katty Hurtado fue condenada por defenderse de su agresor, quien durante años la violentó y la sumió en un ciclo de abusos. En un acto desesperado por proteger su vida, terminó pagando con su libertad un acto que debería haberse entendido como legítima defensa. Su caso puso de manifiesto las profundas falencias de nuestro sistema judicial, incapaz de incorporar de manera efectiva la perspectiva de género y de comprender las dinámicas de violencia que viven muchas mujeres en nuestro país.
El camino hacia este indulto no fue fácil. Durante años, distintas organizaciones feministas, defensoras de los derechos humanos y figuras políticas de diversas tendencias -incluso de la oposición de derecha-, unieron fuerzas para exigir al gobierno este gesto de justicia. La presión social y el respaldo transversal fueron claves para que este clamor se materializara.
El indulto no borra el daño que Katty Hurtado sufrió en estos años -incluso siendo víctima de violación al interior de la cárcel-, pero sí representa un mensaje poderoso: las mujeres que enfrentan situaciones de violencia merecen ser escuchadas y protegidas, no revictimizadas. Es, además, un llamado a que los órganos del Estado trabajen con mayor urgencia en reformar las normativas que aún desprotegen a quienes viven en contextos de abuso.
La salida de Katty de la cárcel no es el final de esta historia. Es un nuevo comienzo para ella, que podrá reunirse con su familia y comenzar a reconstruir su vida, pero también es una señal para nuestra sociedad de que la lucha por la igualdad y la justicia no puede detenerse. Es el deber de todos asegurarnos de que ninguna mujer más sea castigada por defenderse.
Desde mi posición como ciudadano, celebro esta decisión presidencial y espero que marque un punto de inflexión en la manera en que enfrentamos los casos de violencia de género en Chile. Que el caso de Katty Hurtado no sea un episodio aislado, sino un precedente que inspire cambios reales en nuestras leyes y en nuestra forma de entender la justicia.
Rodrigo Suárez Madariaga 
Felipe Flores Toledo