La Fiscalía Local de Antofagasta formalizó cargos contra la tesorera del Hospital Regional por los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos, acusándola de haberse apropiado de aproximadamente 120 millones de pesos entre 2015 y octubre de 2024.
La audiencia de formalización fue encabezada por el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, quien detalló ante el Juzgado de Garantía que la funcionaria, valiéndose de su cargo, implementó diversas maniobras para sustraer fondos provenientes de las cajas recaudadoras del hospital y recursos de las pensiones de pacientes críticos del Servicio de Psiquiatría. Aguilar señaló que la imputada usaba su posición para desviar el dinero, lo que implicaba un claro abuso de confianza.
Según la investigación, para ocultar el origen ilícito de los fondos, la acusada los depositaba primero en su cuenta bancaria en BancoEstado, desde donde realizaba transferencias a una cuenta vista del Banco de Chile. Posteriormente, utilizaba el dinero para pagar tarjetas de crédito, cubrir gastos personales, créditos de consumo y financiar viajes familiares.
Durante la audiencia, el fiscal Cristian Aguilar destacó que la investigación del caso comenzó el día de ayer, tras una denuncia presentada por el Director del Hospital Regional de Antofagasta. De inmediato, la Fiscalía emitió una orden de investigación a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI, la cual culminó pocas horas después con la orden de detención de la tesorera, ejecutada por la misma unidad especializada.
“Estos hechos (la sustracción del dinero) fueron reconocidos por la tesorera, tanto en una declaración ante funcionarios del Hospital, como ante personal de la Policía de Investigaciones, y fueron constatados mediante los arqueos que se realizaron a las cajas del hospital, donde se descubrió la falta del dinero”, explicó Aguilar.
La Fiscalía de Antofagasta solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para la imputada, argumentando que representaba un peligro para la seguridad de la sociedad. Sin embargo, el tribunal resolvió imponer medidas menos restrictivas, consistentes en arresto domiciliario total y arraigo nacional.
En la audiencia, el Juzgado de Garantía fijó un plazo de 150 días para la investigación, durante el cual la Fiscalía de Antofagasta y la PDI llevarán a cabo diversas diligencias para esclarecer los hechos denunciados.