Una pésima señal: El centralismo y las presiones empresariales en la remoción del director del Servicio de Evaluación Ambiental

La reciente remoción de Ramón Guajardo Perines, Director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la región de Antofagasta, es un hecho que debe preocuparnos profundamente. Esta decisión, que coincide de manera sospechosa con la suspensión del millonario proyecto Central de Bombeo Paposo de la empresa COLBÚN (grupo Matte), deja muchas dudas sobre las verdaderas razones detrás de este despido. ¿Es acaso la independencia y autonomía de los organismos medioambientales lo que está en juego? Todo indica que sí.

La medida fue ordenada por Valentina Durán Medina, Directora Ejecutiva Nacional del SEA, quien asumió su cargo en marzo de 2022 tras ser designada por el presidente Gabriel Boric. Desde Santiago, sin mayores explicaciones, se toma la decisión de remover a un funcionario regional clave en un momento crítico, lo que refleja una vez más el centralismo que aqueja a nuestro país. Incluso, esta medida fue cuestionada duramente por la Asociación de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental.

Cabe recordar que el proyecto de Bombeo Paposo había sido suspendido, y la salida de Guajardo parece alinearse demasiado bien con los intereses empresariales que buscan allanar el camino para la aprobación de proyectos de gran envergadura, sin la rigurosidad ambiental necesaria.

No es la primera vez que vemos este tipo de maniobras. Pero lo que agrava aún más la situación es que esta remoción ocurre justo después de la publicación de un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, dado a conocer en septiembre del presente año. En este informe, se critica la llamada «permisología», un concepto acuñado por sectores empresariales y de derecha para referirse a la excesiva burocracia en la obtención de permisos para la ejecución de proyectos.

“Las regulaciones ambientales, que incluyen la consulta indígena obligatoria exigida por el Convenio 169 de la OIT, y otros procesos de obtención de permisos, se han vuelto largos e impredecibles, especialmente en casos políticamente delicados”, indica el documento del Departamento de Estado.

La remoción de Guajardo, quien lideraba las evaluaciones ambientales en la región, parece estar alineada con esta agenda empresarial que ve en las regulaciones ambientales un obstáculo para el «desarrollo». Pero, ¿de qué clase de desarrollo estamos hablando? La sostenibilidad no puede ni debe sacrificarse en nombre de la velocidad o la rentabilidad. Este tipo de decisiones no sólo afectan la credibilidad del SEA como un órgano imparcial, sino que ponen en jaque el sistema de protección ambiental en su conjunto.

Aún más preocupante es el silencio de las autoridades locales frente a esta situación. La remoción de un funcionario tan importante debería haber generado una respuesta contundente por parte de los representantes de la región de Antofagasta, pero hasta ahora eso no ha ocurrido. Este silencio sólo refuerza que en este caso -como en muchos otros- hay intereses más allá de lo meramente técnico o administrativo.

Es imposible ignorar el impacto que esta remoción tendrá en la confianza pública. ¿Cómo podemos asegurar que las evaluaciones ambientales futuras se realicen de manera transparente y rigurosa si los encargados de hacer cumplir estas normativas pueden ser removidos a discreción? Si el SEA opera bajo la sombra de presiones empresariales o políticas, su función queda completamente deslegitimada.

En resumen, la remoción de Ramón Guajardo no solo representa un golpe a la autonomía regional, sino que también es una pésima señal para la gestión ambiental en nuestra región y en todo el país. La coincidencia con el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos y la creciente presión para reducir la llamada «permisología» en proyectos de gran escala no puede pasar desapercibida.

Es urgente que se aclare esta situación y se restablezca la confianza en el sistema de evaluación ambiental. De lo contrario, seguiremos viendo cómo la protección de nuestro entorno se convierte en una moneda de cambio para intereses empresariales y, peor aún, cómo las decisiones sobre el futuro de nuestra región son tomadas en lugares lejanos y ajenos a nuestra realidad.

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By Fernando San Román

Comunicador social, activista por la diversidad sexual y político. Fue director de Regionalista.cl entre 2018 y 2023. Ex alcalde de Tocopilla entre 2012 y 2016. Entre 2003 y 2009 fue director y editor de los medios de comunicación El Polémico de Tocopilla, El Zorro Polémico de Calama y La Alternativa de Antofagasta. El 2009 dirigió la radio Nuevo Mundo en Tocopilla. Actualmente es estudiante de Administración Pública y funcionario público.

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