En su reciente visita a la región de Antofagasta, la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, se reunió con diversos actores locales para discutir temas fundamentales en la implementación de políticas de género. En conversación con nuestra sección de entrevistas “Énfasis Regional”, la ministra abordó la importancia de la nueva Ley Integral Contra la Violencia, vigente desde el 1 de junio, y destacó la coordinación interinstitucional necesaria para su aplicación efectiva en todo el país.
La ministra Orellana subrayó la relevancia de capacitar adecuadamente a las instituciones involucradas, como Carabineros, Policía de Investigaciones y el Poder Judicial, para asegurar que la normativa no quede solo en letra muerta.
Además, la personera se refirió al impacto del registro de deudores de pensión de alimentos, que ya ha mostrado su eficacia al inhabilitar a candidatos con deudas para postular a las elecciones regionales y municipales, enfatizando la necesidad de extender esta inhabilidad a las elecciones parlamentarias.
Por último, la Ministra Orellana habló sobre la implementación de la Ley Karin, que incluye mecanismos para denunciar a autoridades locales por violencia de género. Esta normativa ha permitido a más mujeres denunciar abusos, y en casos como la reciente denuncia contra el alcalde de Antofagasta, “se puede utilizar la ley Karin y solo basta la existencia del sumario en Contraloría y la voluntad de un concejal”, indicó, reafirmando el compromiso del ministerio con la probidad administrativa y la protección de los derechos de las mujeres.
Lo primero que quiero preguntarle es el motivo de su visita a la región de Antofagasta.
Desde el primero de junio está vigente nuestra Ley Integral Contra la Violencia, normativa que requiere un trabajo que es de muchas instituciones, no sólo del Ministerio de la Mujer y su servicio, el Servicio Nacional de la Mujer. El principal eje de nuestra visita es coordinar con las instituciones a nivel regional, un trabajo que está, por supuesto, también a cargo de nuestra directora regional y de la Seremi Hanna Goldener. La conversación de hoy día, creo que fue muy enriquecedora, junto con Carabineros, junto con la Policía de Investigaciones y distintos integrantes del Circuito Intersectorial del Femicidio. Esto, para que puedan conocer, no solo porque les llegue del Diario Oficial, sino respecto a cuál es la planificación de implementación, cuáles son los nuevos deberes que tienen, que tienen que ver sobre todo con la debida diligencia, la atención y protección de las víctimas y el enfoque de género aplicado al acceso a la justicia. Porque aquí hay distintas instituciones que van a tener distintos roles, porque esta es una normativa nueva.
Muchas veces es importante que se haga la capacitación adecuada, que se conozca, porque a veces ocurre que la normativa queda en letra muerta, lamentablemente. Sé que se están haciendo los esfuerzos para que no sea el caso.
El objetivo es ese y tenemos ya, desde el mes anterior a que entrara en vigencia la ley, desde mayo, una mesa de coordinación con el Poder Judicial, Carabineros de Chile, el Ministerio Público y la PDI, que son las primeras instituciones de impacto. Para coordinar, cada uno de ellos tiene ya su propio plan de capacitación, a cargo de esto en el Poder Judicial está la ministra Gloria Ana Chevesich, de la Corte Suprema, que sabemos ha estado capacitando permanentemente a jueces y juezas y otros operadores judiciales. Y nosotras hemos estado haciendo lo propio. Tenemos una ruta de implementación de la línea base de aquí al próximo año, en junio del 2025, y también contamos con el apoyo del Banco Mundial, que a través de un préstamo por resultado, eso quiere decir que en la medida en que vayamos cumpliendo las metas establecidas, se van a ir liberando recursos, asegurando que esto sea una política estable y que por lo tanto la ley no quede en el papel.
El Servicio Electoral impugnó varias candidaturas a nivel nacional por el tema del registro de deuda de pensión de alimentos. ¿Cómo evalúa hasta ahora la iniciativa del pago efectivo de deuda de pensiones de alimentos? ¿Se busca implementar esto para las elecciones parlamentarias?
El registro de deudores está en vigencia, ya empezó a operar desde noviembre del 2022. Esta es una ley que viene del gobierno anterior, a nosotras nos tocó ponerla en marcha. Y pese a todas las dificultades que involucró, porque no venían los recursos necesarios, se han logrado cumplir todas las medidas. Ya tenemos 2.300 instituciones enroladas, eso quiere decir que tienen funcionarios que están habilitados para ingresar al registro. Porque hay que recordar que no es público esto, porque tiene los datos de niños, niñas y adolescentes que son sujetos de pensión de alimentos y esos datos son reservados al igual que las causas de familia.
Y en este caso el Servicio Electoral es una más de estas 2.300 instituciones que cumplen funciones respecto a lo que indica el registro. Y es lamentable la cifra, es bastante alta, pero nos muestra que la institucionalidad nueva respecto a pensiones de alimentos está funcionando. Cuando se discutió el registro de deudores se acordó implementar esta inhabilidad para todas las elecciones de concejales, alcaldías, consejeros y consejeras regionales y gobiernos regionales. Sin embargo, el legislador no se la aplicó a sí mismo.
Ha pasado con otras leyes también.
Sí, pero también tiene una explicación de acuerdos políticos. En ese momento una norma que implicaba a los gobiernos locales tenía un quórum distinto de una que involucra a los parlamentarios. Eso es una reforma constitucional y, por lo tanto, se requerían más votos. Y en ese momento no era tan acuerdo. Y hoy, que ya el registro está en vigencia, ha mostrado su eficacia, hay un mayor acuerdo y por lo tanto vamos a cumplir el compromiso que hicimos cuando tramitamos la ley de pago efectivo de que vamos a extender entonces esta inhabilidad para los parlamentarios y parlamentarias.
¿Y esto alcanza a hacerse efectivo para la próxima elección de 2025?
Bueno, eso depende del Congreso, no solo del Ejecutivo.
¿Pero esa es la idea?
Sería lo ideal.
Recién hablábamos de recursos que siempre son escasos, porque hay tantas necesidades desde el Estado y sobre todo en materia de equidad de género. ¿Qué iniciativas están en marcha o vienen en el futuro para fortalecer el SERNAMEG?
Bueno, estamos en proceso de una reformulación programática. ¿Por qué? Porque los programas de atención en violencia fueron creados cuando teníamos otras leyes y otro estado de la discusión social, de una menor disposición a denunciar. Se denunciaban solo hechos de violencia física. Hoy se denuncia también mucha violencia psicológica, la violencia sexual se denuncia cada vez más y de hecho desde noviembre de 2022 tenemos la garantía explícita de salud GES para la violencia sexual aguda en todos los centros asistenciales de salud. Entonces, tenemos que reformular las cosas y en ese camino hemos definido en primer lugar una meta que nos puso el presidente el 8 de marzo, que es que cada región cuente con un centro de atención especializada en violencia de género. Eso no era una realidad y de hecho en el norte grande no había ninguna. Partimos con la de Atacama, seguimos con Iquique, Antofagasta también ya cuenta con la suya y Arica también ya está. Entonces, ya todo el norte grande tiene, nos quedan pendientes solo uno en el sur.
¿Cuál es la importancia de estos centros de atención?
Porque estos centros de atención especializada están pensados para poder atender casos graves y gravísimos: Femicidio frustrado, violencia sexual, maltrato extendido en el tiempo. No es lo mismo atender a una mujer que ha sufrido violencia psicológica una vez, a una que la ha sufrido por 20 años y que reciben quizás denuncias cuando los hijos están grandes. Ella tiene un daño mucho mayor y requiere una intervención mucho más compleja y dedicada.
Entonces, estos centros de atención especializada atienden estos casos más complejos. ¿Y qué nos permite eso? Que los dispositivos que están en el caso de la región de Antofagasta, presentes en todas las comunas de la región, puedan dedicarse a casos menos graves y por lo tanto trabajar más eficazmente con los recursos que tenemos. Esto también ha tenido pasos. En el 2018, sin motivos técnicos a nuestro juicio, se despidió a un tercio de las trabajadoras de los centros de la mujer de todo el país por recorte de recursos.
Y eso causó que, llegada la pandemia, hubo mucho menos posibilidad y musculatura para atender una violencia que se agudizó. Y la mejor prueba de eso es que tuvimos un pic de llamadas de emergencia, pero por el aislamiento social eso no se judicializó. Entonces, hoy estamos enfrentando casos más graves que no se atajaron en su momento.
Una acumulación, digamos.
Así es. Y, por lo tanto, el primer año, el 2022, ¿a qué nos dedicamos con la ley de presupuestos con el aumento? A recuperar la capacidad de atención perdida el 2018. Para el presupuesto de 2024, nos dedicamos a ampliar la capacidad de atención especializada con estos nuevos centros. Y para el próximo año lo que esperamos es mejorar la capacidad de atención desde la perspectiva humana, además acompañar de los recursos que vienen con la ley integral, que tienen que ver sobre todo con mayor apoyo jurídico, abogado.
Ministra, en materia de derechos sexuales y reproductivos, ¿cuáles han sido los principales avances que desde el ministerio se pueden destacar? Y específicamente le quería preguntar respecto al aborto en tres causales. ¿Se ingresó un nuevo reglamento, entiendo, a la Contraloría?
Bueno, en primer lugar, hemos tenido un trabajo sistemático de avance. Primero, cuando asumimos teníamos varios casos gravísimos de fallas de pastillas anticonceptivas, varias de ellas de las más populares en uso. Eso ya está por otro carril, porque el gobierno anterior perdió la posibilidad de negociar y por lo tanto eso ya está en un carril judicial.Nosotros ya no nos podemos meter. ¿Qué es lo que hemos hecho? Un trabajo con el Instituto de Salud Pública para mejorar la eficacia y el monitoreo de las pastillas anticonceptivas. Eso en primer lugar.También hemos desarrollado el programa de anticonceptivos a precio justo, que toma las marcas más usadas por las mujeres chilenas y las tiene a través del poder de compra de Cenabast, que es un mayorista en el fondo, hace compras grandes, permite bajar el precio hasta en un 60% de algunos medicamentos, que tienen que ver sobre todo con anticonceptivos de larga duración.
¿Cómo saber si hay una farmacia adherida?
Para saber donde hay una farmacia tienen que entrar a buscatufarmacia.cl, los anticonceptivos a precio justo.
¿Qué otras medidas se han tomado?
Luego tenemos el ingreso de la garantía explícita de salud (GES) de la violencia sexual aguda. Si yo he sufrido una agresión sexual aguda, entiéndase violencia sexual explícita, abuso, violación, independiente de la edad o el género, porque lo han ocupado también hombres y lamentablemente la mayoría del uso son niñas, puedo acudir al centro asistencial. Aquí tomamos algo que ya existía desde el gobierno de la presidenta, que es la profilaxis y la anticoncepción de emergencia, si la mujer así lo desea. Y a esto le hemos agregado una serie de otras prestaciones de salud que tienen que ver con los primeros auxilios de salud mental y que son precisamente los que habilitan para que luego podamos intervenir desde otras instituciones con lo que tiene que ver con lo judicial. Y a partir de eso además lanzamos el manual de fiscalización de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.
Ley que ya cumple 7 años…
Esta ley se promulgó durante el año 2017, le tocó implementarla al gobierno anterior y en cuatro años no se desarrolló fiscalización. Y de esto, uno de los casos emblemáticos está aquí en la región, el caso de la clínica Bupa Antofagasta, que por un mal manejo medicamentoso y además por un mal trato hacia la mujer que sufría, estaba en una de las causales, sufrió una sanción gracias a esta fiscalización. Y eso ya nos lleva a poder tener bases y elementos para poder ingresar este nuevo reglamento de ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. ¿Cuál es el centro de este nuevo reglamento? Es ordenar la red asistencial. Así como la red asistencial se ordena para que siempre haya determinados tipos de especialidades disponibles en las regiones, aquí lo que buscamos es asegurar que ninguna niña o mujer que esté dentro de las tres causales se vea impedida de decidir por dónde vive o por su acceso a salud, por su seguro de salud, es decir, que haya profesionales disponibles.
Que esté garantizado.
Así es, porque es una ley y por lo tanto no tiene que ver con impedir la objeción de conciencia, sino con garantizar la atención, que es una obligación a partir de la publicación de la ley. Esa es la iniciativa que actualmente está en la Contraloría General de la República a la espera de toma de razón. Nosotras estamos confiadas en que cada una de las disposiciones que hemos ingresado son aptas, de acuerdo con la potestad administrativa del Poder Ejecutivo. Han pasado varios años, varios hechos que nos hacen ver que no podemos seguir con esta situación de desorden de la red, en que hay veces que no se declara que se es objetor, pero se ejerce así no más. Y eso no permite planificar turnos, eso produce que niñas tengan que viajar de región en región buscando un centro asistencial de referencia que le entregue la prestación. Y esto es especialmente grave en el caso de las niñas, porque las niñas se enteran más tarde que están embarazadas, porque la mayoría de sus embarazos son producto de violación al interior de la familia. Por lo tanto, suele ser sistemático, no tienen una fecha clara y son niñas. Y, por lo tanto, se enteran más tarde, no se dan cuenta y muchas veces cuando acuden al centro de salud, ya están avanzadas las semanas. Por eso es importante darles atención oportuna para que no queden fuera del plazo.
Quería preguntarle respecto al caso de Katy Hurtado y la solicitud de indulto presidencial. Recientemente la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó de manera bastante transversal un proyecto de acuerdo para pedirle al presidente que considere este indulto, ¿cuál es la visión desde su ministerio respecto a esta solicitud que han hecho distintas organizaciones?
Desde nuestro Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y desde nuestra Seremia, hemos estado en contacto permanente tanto con Gendarmería como con Katy Hurtado, buscando mejorar su estadía en prisión. Y, en segundo lugar, ya se ha ingresado el expediente al trámite que corresponde que es el expediente en el Ministerio de Justicia para luego ser sometido a evaluación por el presidente. Por lo tanto, no me corresponde referirme.
¿Alguna reflexión, Ministra, sobre la implementación de la Ley Karin?
Uno de nuestros énfasis en la Ley Karin como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género tuvo que ver con incluir el Estatuto Administrativo Municipal. A partir de los casos conocidos de los alcaldes en la Araucanía, cada vez más mujeres se han ido atreviendo a denunciar a alcaldes y concejales y queremos que sepan que a partir de la vigencia de la ley, desde el primero de agosto, hay un mecanismo de reclamación y esto se puede resolver también ante el Tribunal Electoral Regional. Porque antes dependíamos de los concejales y la experiencia que tuvimos en la Araucanía nosotras como Ministerio, donde nuestras propias seremis fueron a señalarle a los concejales que había condena por delitos sexuales, en algunos casos y que se seguía ejerciendo el cargo, era inaceptable. Y, sin embargo, no se daban los votos para la destitución. Y ahora, con la ley Karin, solo basta un concejal que acuda al Tribunal Electoral Regional.
A propósito de la denuncia por posible acoso sexual contra el alcalde de Antofagasta, ¿en este caso se podría aplicar esta normativa?
Así es, si se denunció desde el primero de agosto y se refiere a hechos ocurridos en ese sentido, se puede utilizar la ley Karin. Y solo basta la existencia del sumario en Contraloría y la voluntad de un concejal, porque tal como hemos dejado en claro, la violencia de género infringe el principio de probidad administrativa, que es la base de la confianza en una autoridad.
Leonardo Silva Martinez 
Francisca Carvajal Ampuero