Según informó el portal Ciper Chile, el ex juez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), enviaron hoy un escrito a la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), la abogada Fatou Bensouda, solicitando investigar, acusar e iniciar un juicio al Presidente Sebastián Piñera y a sus colaboradores civiles, militares y policiales, por “crímenes de lesa humanidad” que se habrían cometido “de manera generalizada y sistemática” desde octubre de 2019, cuando comenzó el estallido social o revuelta popular.
La denuncia -que fue presentada este jueves a las 11 am- solicita que la corte internacional intervenga debido a que en nuestro país estos casos son erróneamente calificados como delitos comunes y su investigación ha sufrido demoras injustificadas y actuaciones que no se ajustan al principio de igualdad ante la ley.
Ciper Chile recoge declaraciones del ex juez Garzón, quien recalca que “los hechos acontecidos tras el estallido social revisten categoría, creemos, de crímenes de lesa humanidad. La denuncia ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional quiere poner de manifiesto la impunidad que se esta viviendo en Chile”.
El documento presentado señala que “(los casos) son fraudulentamente calificados e investigados en Chile como delitos comunes, con el deliberado propósito en primer lugar, de sustraerlos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y en segundo lugar, para preparar las condiciones que permitirían favorecer su posterior impunidad con la eventual aplicación de las reglas de la prescripción, o mediante la aplicación de posibles indultos, amnistías o leyes de punto final”.
“Además, los organismos del Estado encargados de investigar y juzgar, como lo son el Ministerio Público y el Poder Judicial, han tenido una demora injustificada en la sustanciación de estos procesos y sus actuaciones no revisten la necesaria independencia e imparcialidad y el debido respeto por el principio de Igualdad ante la Ley. Todo ello hace procedente y necesario el ejercicio de la jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional”, agrega.
El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el abogado Carlos Margotta, señaló al mismo medio que la medida busca sancionar a las máximas autoridades del país, incluyendo a los sucesivos ministros del Interior y Defensa, además de los generales directores de Carabineros.
La denuncia también plantea que “existe consenso en la doctrina en que en el crimen de lesa humanidad no sólo protege la vida, la integridad física, la salud, la libertad e indemnidad sexual, sino que, junto con estos bienes jurídicos individuales, protege la paz, la seguridad y bienestar de la humanidad, que son propiamente tal, bienes jurídicos internacionales”.
Según Ciper Chile, el documento precisa que, de acuerdo con el Estatuto de Roma, son considerados crímenes de lesa humanidad, entre otros, los asesinatos, las encarcelaciones, las torturas y los actos de violencia sexual, siempre que se cometan “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. Dicho ataque, además, debe ser conocido por las autoridades políticas del país.
La fiscal Bensouda, quien será reemplazada el 16 de junio por el británico Karim Khan, debiera definir en principio la admisibilidad de esta acción, para proceder al procedimiento investigativo, etapa que incluso puede tardar años.