Mientras la sociedad aún espera que los parlamentarios y gobiernos de turno impulsen leyes para sancionar los delitos de «cuello y corbata», la llamada «ley antibarricadas» ya cumplió 20 días de vigencia. Y ya han sido decenas los ciudadanos y ciudadanas de la región de Antofagasta a quienes la justicia les ha aplicado duras medidas cautelares, como arresto domiciliario nocturno, tras ser detenidos arbitrariamente y acusados sin ninguna prueba por Carabineros.
Mientras los corruptos de la empresa Penta recibieron como castigo «clases de ética», mientras un transversal grupo de políticos que entregó boletas falsas a SQM para recibir plata para sus campañas fue beneficiado por acuerdos ofrecidos por la fiscalía, los ciudadanos que protestan legítimamente son amedrentados con una normativa que fue cuestionada incluso por la ONU. Normativa aprobada no solo por la derecha, si no también por algunos parlamentarios que dicen ser de «oposición», pero que en realidad votan con la derecha.
Así están las cosas en el Chile que ya cumple cuatro meses de movilizaciones. De Carabineros es poco lo que la sociedad puede esperar. Se trata -mal que mal- de una institución absolutamente desprestigiada, corrompida por dentro y que ha demostrado no solo estar podrida por la corrupción, si no que con sus manos manchadas de sangre inocente y a la que estamos acostumbrados a ver destacándose por montajes, abusos y atropellos a los derechos de las personas.
Lo que preocupa es la actitud de la fiscalía y el poder judicial, pues en los casos que hemos conocido en la región de Antofagasta, ha llamado la atención la complicidad que ambas instituciones han mostrado con Carabineros. Uno esperaría que los fiscales exijan un mayor estándar de prueba a la hora de conocer los casos que llegan a su conocimiento. Lo mismo se espera de los jueces y juezas de Garantía. Sin embargo, fiscales y jueces simplemente dan por ciertas las versiones contradictorias de la policía y se basan solo en un parte mal redactado para imponer duras medidas en contra de ciudadanos y ciudadanas que han sido detenidos de manera abusiva e ilegal.
Hay quienes se preguntan por qué hay tanta rabia y bronca. Sin embargo, es preciso señalar que en realidad se debería aplaudir la paciencia del pueblo chileno ante tantas injusticias y ante tanta desigualdad en el trato. Mientras a los ricos y poderosos los fiscales y la justicia los tratan con guante blanco, a los ciudadanos que solo han salido a la calle a expresarse se les encarcela, amedrenta y persigue. Justicia de clase le llaman…
Es de esperar que los fiscales y jueces, al menos en la región de Antofagasta, inicien una profunda reflexión sobre sus actuaciones y la complicidad con que están actuando ante el abuso y la persecución que el Gobierno y su policía militarizada están perpetrando hacia las personas que solo exigen vivir en un país más justo. La historia los juzgará…
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