Las declaraciones del gobierno venezolano sobre la inexistencia del Tren de Aragua, el caso del exteniente Ronald Ojeda y del carabinero Emmanuel Sánchez, acentúan el debate sobre la falta de cooperación en materia de seguridad con Chile.
Han sido múltiples los sucesos que han marcado la agenda política que relaciona a Venezuela con Chile. Sin embargo, una de las declaraciones que generó mayor controversia fue la del ministro venezolano Yván Gil, sobre la inexistencia del Tren de Aragua. El presidente de Chile, Gabriel Boric, incluso afirmó que “constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización”. El grupo criminal, según diversas investigaciones, nació en la cárcel de Tocorón, a 140 kilómetros al suroeste de Caracas y su ingreso se detectó hace dos años en Chile.
Francis Espinoza, académica de la Universidad Católica del Norte (UCN) y doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Birmingham precisa que “la tendencia en las relaciones internacionales de América Latina es generar tensiones a través de la diplomacia del micrófono para desviar la atención de los problemas políticos internos, en este caso, una gobernanza deficiente internamente. Generalmente, los gobernantes sacan una estrategia bluf, con problemáticas al exterior del país que afectan las relaciones bilaterales con los países cercanos”.
Maduro afirmó, además, que los grupos organizados habrían llegado a Chile luego del apoyo que les habría ofrecido el ex presidente de Chile, Sebastián Piñera, en Cúcuta en 2019. Sin embargo, la académica de la UCN afirma que “eso no significa que haya una relación directa entre que alguien exprese algo y que exista un éxodo masivo de migración negativa con los carteles y la delincuencia”.
Al debate se suma el caso del exteniente venezolano Ronald Ojeda, secuestrado y asesinado en Santiago. A Ojeda se le habrían impuesto cargos por traición a la patria en 2017 en Venezuela, por lo que residía en Chile en calidad de refugiado político desde el 2018. La Fiscalía chilena aún no descarta que el crimen se haya organizado desde Venezuela y exige el cumplimiento del tratado de extradición vigente frente a los autores materiales del crimen.
Además, el asesinato del teniente chileno Emmanuel Sánchez, en el que los autores del crimen eran de nacionalidad venezolana y uno de ellos poseía orden de expulsión desde el 2020, acrecienta la preocupación, puesto que no se han podido concretar las expulsiones por la débil colaboración de Caracas, ya que para ello, se debe autorizar el ingreso de aviones a su espacio aéreo y corroborar las identidades de las personas expulsadas. Precisamente, según estadísticas del Servicio Nacional de Migraciones, en 2023 se registraron un 12% menos de expulsiones que el año anterior, donde se reportaron 1.070 expulsiones en total.
Sin embargo, Francis Espinoza afirma que “Chile posee un multilateralismo a partir de dos cuerdas paralelas: la diplomacia y las relaciones comerciales, por lo que es complejo pensar en romper las relaciones con Venezuela, dada la estrategia bilateral de información”.
Por otra parte, Fernando San Román, comunicador social y político antofagastino, afirma que “frente a la poca cooperación del gobierno venezolano en la problemática actual, el foco tendría que instalarse en perfeccionar las actuales normativas para hacer frente a la situación”.
Redacción