DESDE DICIEMBRE DEL AÑO PASADO EN LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA FUNCIONA UN SISTEMA DE TELEVIGILANCIA MÓVIL, PLAN PILOTO IMPULSADO POR LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO.
Fueron cerca de $600 millones de pesos los invertidos para contar con tres drones de tecnología avanzada, recursos destinados para su instalación y distintos gastos, como salas de monitoreo y horas de vuelo. Los aparatos utilizan una tecnología avanzada y cámaras de alta definición, las que permiten captar imágenes en vivo y en directo a gran distancia.
Según la Subsecretaría, hasta la fecha estas aeronaves registran cerca de 309 procedimientos policiales, de los cuales 102 corresponden a delitos relacionados con drogas. El objetivo es apoyar las labores de las policías en materia de seguridad pública.
El límite de la privacidad
Si bien los drones han ayudado a combatir la delincuencia, hay voces que quieren poner atención en que no se pasen a llevar las libertades o privacidad de las personas. La Fundación Datos Protegidos reveló en un estudio que en Chile distintas autoridades locales y judiciales, medios de comunicación y vecinos, no saben el impacto del valor de la privacidad.
Tenemos distintos casos como el del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien fue el primero en implementar este tipo de sistema de vigilancia. Datos Protegidos revela en su informe que si bien el uso de drones aporta a la disminución de la delincuencia, estos también cumplen una función discriminadora, ya que evita que ciertas personas se acerquen o transiten en determinados lugares: “Existe un fin discriminatorio: Limpiar áreas en nombre de la seguridad pública”.
Proyecto de ley
En cuanto al marco legal, en Chile existe un vacío que no regula el uso de estas aeronaves. Es por eso que en el año 2018 la diputada Marcela Hernando (PR), ingresó un proyecto que agrega un inciso a la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida privada, con la finalidad de limitar jurídicamente la utilización de datos captados por drones en tareas de Seguridad Pública.
“La propuesta de ley tiene que ver con modificar un artículo de la ley que protege los derechos de información de las personas, en el sentido que esta información capturada, las imágenes por los drones, no puedan ser utilizadas en forma pública, a menos que exista una orden, investigación o evidencia de la flagrancia de un delito”, manifestó la legisladora. Actualmente esta moción se encuentra en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y está a la espera de ser tratada.
Redacción 
Paula Corina Hernández