Duros cuestionamientos ha recibido el diputado RN por nuestra región, José Miguel Castro, quien asumió la presidencia de la Comisión Investigadora por el Caso Convenios, en medio de la revelación de un millonario trato directo por $513.128.000 entre la Seremi de Salud de la época de la pandemia, Rossana Díaz (UDI) y el Hotel Alto del Sol de Mejillones, empresa que pertenece al grupo Korlaet, consorcio del que forma parte la esposa del parlamentario, Vania Korlaet.
La polémica llegó a nivel nacional y fue la diputada Ericka Ñanco quien solicitó este miércoles que José Miguel Castro se inhabilite como presidente de la comisión investigadora.
Por su parte, Castro emitió una declaración pública, defendiendo el millonario trato directo, argumentando que «durante la pandemia y emergencia sanitaria del Covid-19 todos los contratos celebrados por parte del Estado de Chile fueron suscritos mediante la modalidad o vía trato directo».
Además, defendió al Hotel Alto del Sol, afirmado que «cumplió íntegramente con el objeto del contrato, el cual fue servir de residencia sanitaria para la pandemia, a diferencia del
Estado como contraparte, que incumplió con la principal obligación del contrato, esto es, el pago integro y oportuno de la renta, la que recién vino a saldar durante el curso de este año 2023, luego de un juicio ejecutivo de cobro de facturas».
Asimismo, el legislador RN planteó que este tema «sale a la luz el día de hoy, como una medida absolutamente desesperada para desviar la atención a propósito de las gestiones que he iniciado que buscan transparentar los múltiples y diversos pagos (de alto importe) a distintas fundaciones, fuertemente cuestionadas, ya que derechamente no realizaron las gestiones encomendadas o cambiaron el giro de sus actividades para –al parecer- adjudicarse fondos utilizando nexos con personas de sus partidos políticos».
Cabe recordar que estos hechos se remontan al período más álgido de la emergencia sanitaria por Covid-19, específicamente entre el 25 de abril y el 30 de junio de 2022, ocasión en que el Hotel mejillonino fue contratado como residencia sanitaria. La polémica surge por los vínculos de los involucrados con el Gobierno de la época, liderado por Sebastián Piñera y por tratarse de una asignación directa de recursos.
En su oportunidad la Contraloría estableció en su informe final de investigación que se omitió el trámite de toma de razón, a pesar de los altos montos involucrados. Asimismo, se detectó que hubo habitaciones no utilizadas por $96.866.000 e incumplimientos de los protocolos de las residencias sanitarias.
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