Por Farid Herrera Ismail, Ingeniero Civil Industrial & Francisco Espinoza Rivas, Psicólogo, Mg. Gestión de Organizaciones

Desde hace unos días, y con el proceso de vacunación más visible que nunca, se hicieron públicas algunas acciones futuras que van a tomar algunos países o agrupaciones de estos, una vez finalizados los procesos de vacunación o cuando se alcance una mayoría significativa de inoculados.

El miércoles 17 de marzo la Unión Europea aprobó el «pasaporte europeo de vacunación», que busca reactivar los viajes dentro de su territorio con un Certificado Digital Verde que permite a sus ciudadanos desplazarse entre países. Medida que esencialmente busca la reactivación del turismo, actividad económica esencial de este territorio. Las vacunas aprobadas para el certificado incluyen las de Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca y Johnson & Johnson, pero no la rusa Sputnik V ni las chinas Sinovac y Sinopharm. Además, existen dudas sobre la eficacia de las vacunas para prevenir que un vacunado sea portador y transmisor del virus. Sobre este punto todavía no se presentan resultados concretos.

Recordemos que Chile, luego de negociar un acceso anticipado a millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 y siendo el país de América con el mayor número de inoculados (Más de 5 millones de personas, señala el Ministerio de Salud), generó una sensación de falsa seguridad, lo que produjo un aumento brutal en el número de contagiados y muertes por la sobrecarga que vive el sistema de salud, retrocediendo a medidas de confinamiento más estrictas que restringen la movilidad de los habitantes.

Considerando los factores anteriores y la expansión de estas medidas, podemos preguntarnos si esta decisión consiste en un riesgo de división social. De manera natural esto produce una clasificación en los humanos, he ahí el foco de la discusión. La pandemia del COVID-19 es una emergencia mundial. ¿Sería una tarea de todos los países asegurar el acceso a este antídoto? Existen lugares donde la vacuna es un sueño, por lo que su forma de acceso está controlada por el poder económico de cada nación.

Estamos hablando de derechos fundamentales, de no ser discriminados por razones sociales. Existen personas que por cuestiones religiosas, valóricas o personales, optan por no vacunarse y es algo totalmente válido en un estado de derecho. Las personas que conforman los últimos grupos de vacunación pueden verse fuertemente discriminadas, como los jóvenes, embarazadas o personas con antecedentes alergénicos, sobrellevando un trato poco igualitario al ser ciudadanos de “segunda categoría”. No podrían acceder a empleos, actividades recreacionales, gimnasios, restaurantes y todo lo que supone que activarán los pasaportes sanitarios.

A partir de esto, se deben crear políticas públicas que resguarden la protección de la economía y la seguridad social, con garantías basadas en la ética, no discriminación y la libertad de las personas. No debemos seguir vulnerando y segregando individuos, es indiscutible.

En el mejor de los casos, Chile tendrá a toda su población objetivo inoculada a fines de Junio del presente año, por lo tanto el acceso a un pasaporte sanitario será de acceso para todas y todos. Pero surgen un par de interrogantes: ¿Las personas que no se inoculen tendrán que someterse constantemente a testeos para acceder a las mismas oportunidades de los demás ciudadanos? ¿Qué pasará con los miles de extranjeros indocumentados en Chile? ¿Qué pasará con las personas que no tienen acceso a tecnología o que viven en comunidades altamente aisladas de las principales urbes geográficas?

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