Columna: Cuando los derechos humanos incomodan

Por Karen Lagues Farías

Hay ideas que creíamos superadas, no porque las sociedades avancen inevitablemente hacia algo mejor, sino porque la historia nos enseñó, a veces de la manera más dolorosa, por qué era necesario construir instituciones capaces de poner límites al poder.

Chile vivió una dictadura y conoció las consecuencias de un Estado que vulneró gravemente los derechos de las personas. Recuperada la democracia, debieron pasar veinte años para que el país contara con una Institución Nacional de Derechos Humanos destinada a promover y proteger los derechos humanos.

Por eso, cuando hoy algunos sectores políticos plantean eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), acusándolo de actuar ideológicamente, perseguir a Carabineros o proteger a “delincuentes”, quizás antes de discutir sobre la institución deberíamos volver a una pregunta más elemental: ¿para qué existen los derechos humanos?

Entre otras razones fundamentales, para proteger la dignidad humana y establecer límites al ejercicio del poder estatal. Los derechos humanos no son un premio a la buena conducta: son inherentes a todas las personas.

Del mismo modo, fiscalizar a Carabineros no significa estar contra Carabineros. Las policías cumplen una función esencial para la democracia y, precisamente por ello, el Estado les entrega facultades extraordinarias: detener, restringir temporalmente libertades y, bajo determinadas circunstancias, utilizar la fuerza. Cuanto mayor es el poder que una democracia entrega, mayores deben ser también los mecanismos de control sobre su ejercicio.

Exigir que la fuerza se utilice conforme a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad no debilita a las policías: fortalece su legitimidad democrática. Tampoco proteger a una persona frente a una actuación estatal abusiva significa desconocer los derechos de las víctimas. Una democracia debe garantizar seguridad, justicia y límites al poder estatal simultáneamente. No tenemos que elegir entre seguridad y derechos humanos.

Es precisamente ahí donde cobra sentido una Institución Nacional de Derechos Humanos. No se trata de una extravagancia chilena ni de una ocurrencia ideológica. Estas instituciones existen en numerosos países y los Principios de París de Naciones Unidas establecen estándares para su autonomía, pluralismo e independencia.

Esa última palabra es fundamental: independencia.

Una institución de derechos humanos no fue creada para agradar al gobierno de turno. No debería ser de izquierda cuando gobierna la izquierda ni de derecha cuando gobierna la derecha. Su actuación debe estar guiada por la Constitución, la legislación y los estándares de derechos humanos que obligan al Estado.

Por eso puede resultar incómoda. Y está bien que así sea.

Cuando observa las condiciones de una cárcel, cuestiona una actuación policial o alerta sobre vulneraciones de derechos, no está actuando contra el Estado: está contribuyendo a que este cumpla sus obligaciones. Lo preocupante sería una institución que solo hablara cuando sus conclusiones fueran políticamente convenientes.

¿Puede criticarse al INDH? Por supuesto. Defender la necesidad de una Institución Nacional de Derechos Humanos no significa sostener que sea infalible. Como toda institución pública, su funcionamiento, decisiones, gobernanza, transparencia y eficacia pueden y deben ser objeto de escrutinio.

Pero una cosa es discutir cómo mejorar una institución y otra muy distinta cuestionar su existencia porque incomoda al poder. Cualquier reforma debería preguntarse si fortalece o debilita su capacidad para promover y proteger los derechos humanos con independencia. Si busca fortalecerla, discutámosla. Si pretende que fiscalice menos, incomode menos o dependa más de las mayorías políticas de turno, entonces el problema deja de ser únicamente institucional: es democrático.

Este debate también debería hacernos mirar hacia quienes elaboran nuestras leyes. Resulta preocupante escuchar a representantes elegidos democráticamente hablar de los derechos humanos como si fueran una ideología, una concesión hacia determinados grupos o un obstáculo para enfrentar la delincuencia.

Chile ha ratificado tratados internacionales y asumido obligaciones en esta materia. Quienes legislan también ejercen poder estatal y deben hacerlo dentro de ese marco. No necesitan ser especialistas en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pero legislar sobre seguridad, infancia, migración, salud, educación, vivienda o medioambiente sin comprender principios básicos de derechos humanos tiene consecuencias.

Por eso, cuando elegimos representantes, quizás no deberíamos preguntar solamente qué piensan sobre economía, seguridad o impuestos. También deberíamos preguntarnos qué entienden por derechos humanos: si comprenden que son universales, que todas las personas son titulares de ellos y que la democracia no consiste únicamente en que una mayoría pueda decidir, sino también en reconocer derechos que deben respetarse incluso cuando hacerlo resulte impopular.

Una mayoría electoral entrega poder para gobernar. No entrega poder para disponer de la dignidad humana.

Existe, además, una idea peligrosa: creer que los derechos conquistados permanecerán para siempre. La historia demuestra lo contrario. Los retrocesos no siempre comienzan con grandes rupturas institucionales; a veces comienzan en el lenguaje: cuando aceptamos que los derechos humanos son “para algunos”, cuando convertimos a ciertos grupos en menos merecedores de derechos o cuando presentamos los controles al poder como obstáculos para gobernar.

La democracia no se protege únicamente evitando que vuelva una dictadura. También se protege cuidando las instituciones que aprendimos que eran necesarias después de haberla vivido.

El INDH puede modificarse. Incluso podría desaparecer mediante una ley. Las obligaciones del Estado, no. Chile seguiría obligado a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y continuaría sujeto a los compromisos internacionales que ha asumido.

Por eso la pregunta no debería reducirse a si nos gusta o no el INDH. La pregunta es si queremos un Estado con instituciones independientes capaces de observarlo cuando ejerce su poder.

Las necesitamos cuando gobiernan quienes piensan parecido a nosotros y, sobre todo, cuando gobiernan quienes piensan distinto. Esa es la diferencia entre confiar nuestros derechos a la voluntad de quienes ejercen el poder y construir una democracia donde esos derechos tengan garantías.

Chile tardó veinte años desde el retorno a la democracia en crear su Instituto Nacional de Derechos Humanos. Debilitar su independencia, transformar su sentido, no sería simplemente modificar una institución pública, sino poner en cuestión una convicción democrática que costó demasiado construir: que el poder del Estado debe tener límites.

Quizás, entonces, antes de preguntarnos si Chile necesita una Institución Nacional de Derechos Humanos, deberíamos hacernos una pregunta más incómoda:

¿Por qué incomoda tanto que exista una institución capaz de vigilar al poder?

Los derechos humanos no son de izquierda ni de derecha. No pertenecen a un gobierno ni al INDH. Nos pertenecen a todas y todos.

Y cuando volvamos a elegir a quienes tendrán el poder de legislar sobre nuestras vidas, quizás convenga preguntarnos si quienes recibirán nuestro voto comprenden también los límites del poder que les estamos entregando.