Por Matias Recabarren 
Dirigentas comunitarias advierten dificultades de acceso regular a agua potable, precariedad laboral e invisibilización en asentamientos del sector norte. En paralelo, el Gobierno Regional destaca un convenio con Serviu por casi 89 mil millones de pesos para avanzar en soluciones habitacionales en la región.
Familias que viven en macrocampamentos del sector norte de Antofagasta demandan una respuesta estatal coordinada frente a las dificultades de acceso a servicios básicos y a la falta de soluciones habitacionales definitivas. Las organizaciones comunitarias advierten que la ausencia de infraestructura urbana consolidada mantiene a residentes en condiciones de alta precariedad, especialmente por el acceso irregular a agua potable y la falta de redes sanitarias formales.
En conversación con Diario Regionalista, Elizabeth Andrade, dirigenta vecinal del sector, manifestó que la situación se ha visto agravada por la fragilidad laboral de muchas familias que residen en estos asentamientos. Según sostuvo, parte importante de los hogares depende de empleos informales, del rubro gastronómico o de la construcción, sectores donde se han registrado despidos y pérdida de ingresos durante los últimos meses.
La dirigenta también afirmó que una alta proporción de las familias corresponde a población migrante, por lo que llamó a evitar miradas estigmatizantes y a reconocer el trabajo organizativo de las comunidades. En ese sentido, planteó que las familias no solo demandan vivienda, sino también acceso a servicios básicos, integración urbana y reconocimiento de sus derechos.
En tanto, desde el Gobierno Regional de Antofagasta se ha destacado el convenio de transferencia suscrito con el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), en el marco del programa “Más vivienda, mejor región”. La iniciativa considera una inversión regional cercana a los 89 mil millones de pesos para el periodo 2024-2028, con el objetivo de apoyar 42 iniciativas habitacionales y más de 8.700 soluciones habitacionales en distintas comunas de la región.
El gobernador regional, Ricardo Díaz, defendió el alcance de estos recursos y sostuvo que la inversión apunta a enfrentar una de las principales demandas sociales del territorio. “Hoy estamos invirtiendo más de 88.000 millones de pesos”, afirmó la autoridad al referirse al convenio habitacional, junto con destacar el trabajo conjunto con Serviu y el Consejo Regional.
El diagnóstico institucional muestra que la crisis habitacional sigue siendo uno de los principales desafíos de Antofagasta. Según el Plan de Emergencia Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), la región tenía una meta de 17.400 viviendas, aunque al cierre de febrero de 2026 registraba 7.055 unidades terminadas o entregadas, equivalente a un 40,5% de avance.
Para las organizaciones comunitarias, el punto pendiente es que la inversión pública se traduzca en soluciones concretas para quienes habitan en asentamientos precarios. La demanda apunta no solo a la construcción de viviendas, sino también a medidas urgentes de urbanización, acceso regular a agua potable, saneamiento y condiciones mínimas de dignidad habitacional.
Redacción