El abogado fue reconocido por la investigación judicial que encabezó en 1990 como juez titular del Juzgado de Letras de Tocopilla, causa que permitió hallar restos de detenidos desaparecidos en el pique minero La Veleidosa.
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos distinguió a Jorge Cortés-Monroy por su rol en una de las investigaciones judiciales más relevantes sobre detenidos desaparecidos en la Región de Antofagasta durante los primeros años del retorno a la democracia.
El abogado y actual académico de la Universidad de Antofagasta fue parte del reconocimiento entregado en Santiago a 27 exjueces que impulsaron causas vinculadas a graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.
En el caso de Cortés-Monroy, la distinción puso en valor la investigación que encabezó en 1990 como juez titular del Juzgado de Letras de Tocopilla. La causa permitió encontrar restos de detenidos desaparecidos en el pique minero La Veleidosa, ubicado a unos 17 kilómetros del puerto.
“Uno nunca hace las cosas para que te las reconozcan. Yo entendía que era mi obligación investigar y establecer qué había ocurrido realmente con las personas desaparecidas”, expresó Cortés-Monroy.
La investigación comenzó tras una denuncia presentada por la Comisión de Derechos Humanos de Tocopilla. Diversos testimonios apuntaban a que cuerpos de detenidos desaparecidos habrían sido lanzados a una mina abandonada, posteriormente dinamitada para ocultar evidencia.
“Mi deber era, al menos, establecer si aquello era efectivo y poder entregar una respuesta a los familiares de las víctimas respecto de lo que había ocurrido”, recordó el abogado.
Una investigación pionera
Las diligencias judiciales permitieron encontrar restos humanos correspondientes a cuatro detenidos desaparecidos. La investigación fue considerada pionera para la época, tanto por las complejas condiciones de trabajo al interior de la mina como por las limitadas herramientas disponibles.
Cortés-Monroy explicó que la identificación de las víctimas fue posible gracias al trabajo especializado de antropólogos y médicos forenses, quienes aplicaron procedimientos que permitieron recuperar huellas dactilares desde los restos encontrados.
El abogado también recordó que las exploraciones se realizaron en condiciones extremas, con descensos de más de 600 metros al interior de la mina, sin ventilación ni iluminación adecuada.
“Bajar demoraba cerca de dos horas y subir hasta cuatro. Había que trabajar en condiciones muy precarias, similares a las de los antiguos pirquineros”, relató.
La causa marcó además un precedente judicial en Chile. Fue la primera vez que la Corte Suprema otorgó competencia a un tribunal civil para investigar casos vinculados a detenidos desaparecidos, rechazando la pretensión de la justicia militar de asumir la investigación.
“Fue un cambio muy importante, porque hasta ese momento prácticamente todas las causas terminaban en la justicia militar. Esta investigación abrió el camino para que los tribunales civiles pudieran conocer estos casos”, manifestó Cortés-Monroy.
Memoria, justicia y formación jurídica
A más de tres décadas de aquella investigación, Cortés-Monroy continúa compartiendo esta experiencia con estudiantes de Derecho, especialmente en materias relacionadas con litigación penal y derechos humanos.
“Los estudiantes siempre muestran interés por conocer lo que ocurrió y comprender la importancia de investigar este tipo de hechos. La memoria colectiva es algo que debemos seguir trabajando para que situaciones como estas nunca vuelvan a repetirse”, reflexionó.
El abogado también destacó la importancia de incorporar la formación en derechos humanos dentro de la preparación de futuros profesionales del ámbito jurídico. Tras su experiencia judicial, fue becado por el gobierno francés para especializarse en la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia.
“Uno no puede eludir el cumplimiento de sus obligaciones. Creo que ese es también el mensaje que debemos transmitir a las nuevas generaciones”, concluyó Cortés-Monroy.

