Por Eshiro1 
Contrario a lo publicado por algunos medios de comunicación como EMOL y Diario El Día de Coquimbo, el proyecto minero Dominga no fue aprobado por la Corte Suprema durante esta jornada. Según pudo confirmar Diario Regionalista, el máximo tribunal solo declaró la inadmisibilidad de los recursos de casación presentados por el Gobierno y organizaciones ambientales, pero no se pronunció sobre el fondo de la iniciativa ni su viabilidad, dejando claro que la disputa sigue abierta.
En su fallo, el máximo tribunal indicó que la sentencia impugnada “no ha resuelto la cuestión o asunto objeto del juicio, ni ha puesto fin a la instancia”, por lo que el recurso de casación no procedía. De esta forma, el caso se mantiene en lo que los expertos denominan un “loop judicial”, obligando al Comité de Ministros a votar nuevamente. Después de esa nueva decisión incluso se podrán interponer nuevos recursos judiciales.
Marcos Emilfork, abogado de FIMA y representante de la Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de Los Choros, confirmó en declaraciones a El Mostrador que “la Corte Suprema no admite a trámite los recursos, lo que no implica ninguna resolución definitiva respecto del proyecto”. Con esto, la batalla legal por el futuro de Dominga continúa.
El profesional aclaró que «lo primero que hace la Corte Suprema, de hecho, es recordar que el primer Tribunal Ambiental mandó al Comité de Ministros a resolver los recursos, cosa que de hecho hizo en enero de este año rechazando el proyecto, cuestión para la que solamente es competente el Comité de Ministros. Y luego la Corte Suprema recuerda que sobre casos como este solo va a poder pronunciarse una vez que estén todas las vías agotadas, cosa que actualmente no es el caso”.
El proyecto minero Dominga, de Andes Iron, ha enfrentado un largo camino judicial y social. Este yacimiento de hierro, cobre y oro, propiedad de Carlos Alberto «Choclo» Délano, ha generado un fuerte debate entre quienes lo ven como una oportunidad económica para la región y quienes advierten sobre sus graves riesgos ambientales.
La controversia se intensificó tras revelaciones de los Pandora Papers, que expusieron la participación de la familia del expresidente Sebastián Piñera en la compraventa del proyecto. Las investigaciones periodísticas señalaron posibles delitos de cohecho y fraude, lo que puso en el centro de la polémica las gestiones y el financiamiento detrás de la iniciativa.
Redacción