Por Leonardo Silva Martínez 
La concejala de Antofagasta, Karina Guzmán Arias, solicitó formalmente a la Contraloría Regional de Antofagasta instruir una investigación especial respecto de los antecedentes contenidos en el Informe D.C. N° 005, de fecha 29 de enero de 2026, mediante el cual se remitió sin visar el decreto alcaldicio que pretendía aprobar una transacción extrajudicial entre la Ilustre Municipalidad de Antofagasta y el Club de Deportes Antofagasta, sociedad anónima.
La concejala de Antofagasta, Karina Guzmán Arias, solicitó formalmente a la Contraloría Regional instruir una investigación especial respecto de los antecedentes contenidos en el Informe D.C. N° 005, de fecha 29 de enero de 2026, mediante el cual se remitió sin visar el decreto alcaldicio que pretendía aprobar una transacción extrajudicial entre la Ilustre Municipalidad de Antofagasta y el Club de Deportes Antofagasta, sociedad anónima.
La presentación fue dirigida al contralor regional, Víctor Rivera Olguín, a través de un oficio fechado el 19 de febrero de 2026, en el cual se solicita determinar la legalidad del decreto alcaldicio y establecer si la rebaja propuesta “configura una condonación encubierta prohibida por el ordenamiento jurídico”.
Según consta en el documento, la sociedad deudora mantenía una deuda nominal total de $638.831.205, correspondiente a morosidades en el pago del canon de arriendo y consumos impagos de agua potable y energía eléctrica derivados del uso del Estadio Municipal Calvo y Bascuñán de Antofagasta. La transacción sometida a aprobación pretendía rebajar el monto a $200.000.000, pagaderos en 24 cuotas mensuales de $8.333.333, lo que implica una disminución directa de $438.831.205, equivalente aproximadamente a un 68% del total adeudado.
En conversación con Diario Regionalista, Guzmán declaró que “esto es gravísimo. A los concejales se les pidió aprobar una transacción sin contar con el informe de Control, que después dejó claro que esta rebaja no correspondía”.
En el escrito, la concejala solicita que la Contraloría determine la legalidad del decreto alcaldicio que pretendía aprobar la referida transacción extrajudicial, establezca si la rebaja de deuda configura una condonación encubierta y evalúe la existencia de un eventual detrimento patrimonial cuantificado en $438.831.205 para el patrimonio municipal. Asimismo, pide fijar eventuales responsabilidades administrativas de las autoridades y funcionarios que intervinieron en la elaboración, tramitación o impulso de la operación.
Al respecto, Guzmán afirmó que “no solo hay un eventual perjuicio al patrimonio municipal, también hubo falta de información clave al momento de votar. Así no se toman decisiones responsables en una ciudad”.
Declaración pública del municipio
Tras la presentación ante el organismo contralor, y ante la consulta de Diario Regionalista, la Municipalidad de Antofagasta emitió una declaración pública con fecha 19 de febrero de 2026, en la que señaló:
“En el pasado Concejo Municipal del 28 de octubre del 2025, con el voto de la concejal Karina Guzmán y en forma unánime por el Concejo, se aprobó un acuerdo extrajudicial relacionado a una deuda incobrable que se arrastraba desde el 2016, y que no contaba con un contrato o documento oficial que posibilitara exigir un pago determinado independiente del monto estimado por medio de un informe de la oficina técnica.
Dicho acuerdo del concejo permitió formalizar y regular al menos parte de la deuda pendiente, además de establecer un marco regulatorio para la utilización futura de la cancha N° 2, sus graderías, más áreas como las oficinas, sala de gimnasio y camarines.”
La declaración fue suscrita por la Municipalidad de Antofagasta.
Redacción