Por Redacción 
En un hecho sin precedentes, Carabineros detuvo la noche de este domingo 25 de enero a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, marcando un nuevo capítulo en la crisis de confianza que atraviesa el Poder Judicial. La detención se concretó tras un allanamiento a su domicilio en la comuna de Las Condes, y se produce luego de que la propia Corte Suprema autorizara el levantamiento de su fuero, dejando a la exmagistrada en calidad de imputada.
La diligencia fue realizada por personal del OS-7 de Carabineros y se enmarca en la investigación conocida como caso “Muñeca Bielorrusa”, una de las tramas de corrupción judicial más complejas de los últimos años. Vivanco será formalizada este lunes ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por los delitos de cohecho y lavado de activos, cargos que, de confirmarse, representarían uno de los golpes más duros al máximo tribunal del país.
La Fiscalía Regional de Los Ríos indaga un esquema de presuntas coimas pagadas a la exministra por abogados vinculados a la empresa CMB, las que habrían sido canalizadas a través de un sofisticado mecanismo de ocultamiento y estratificación de dinero. En esta red también figuran los suspendidos conservadores de Bienes Raíces de Puente Alto y Chillán, Sergio Yáber y Yamil Najle, además del cambista Harold Pizarro, todos ya formalizados en la causa.
A diferencia de otros imputados que han colaborado con la investigación y enfrentan medidas cautelares menos gravosas, personas del círculo más cercano a Vivanco permanecen en prisión preventiva. Entre ellos se cuentan su pareja, Gonzalo Migueles, y los abogados Mario Vargas Cociña y Eduardo Lagos, sindicados como piezas clave en el entramado de pagos irregulares y tráfico de influencias.
La detención de una exintegrante de la Corte Suprema instala un cuestionamiento profundo sobre los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas al interior del Poder Judicial. Lo ocurrido no solo golpea la imagen de una persona, sino que proyecta una sombra sobre la institución encargada de impartir justicia, en un contexto donde la ciudadanía exige señales claras contra la impunidad y los privilegios.
Mientras la exministra enfrenta ahora a la justicia desde el rol de imputada, el caso Vivanco reabre un debate ineludible: la necesidad de reformas estructurales que impidan que redes de poder económico y político capturen espacios clave del sistema judicial, debilitando la igualdad ante la ley y la confianza pública en las instituciones.