Por Valeria Ríos Guerrero 
El pasado martes 28 de octubre, unos 2.500 agentes ingresaron en las favelas de Alemão y Penha, en Río de Janeiro. Con el objetivo de capturar a los líderes del grupo criminal Comando Vermelho (Comando Rojo), la incursión derivó en un enfrentamiento extremadamente violento que dejó más de 130 muertos, convirtiéndose en la operación más letal de la historia de Brasil.
Durante la madrugada siguiente, vecinos de la favela Vila Cruzeiro hallaron cerca de 70 cuerpos adicionales en el bosque que separa ambas barriadas. Los cadáveres fueron dispuestos en fila para su identificación, mientras familiares desesperados reconocieron a sus seres queridos. Testimonios locales denuncian ejecuciones extrajudiciales y escenas de extrema violencia, con cuerpos decapitados o apuñalados.
Esther Almeida, Periodista Brasileña señaló que: “esta matanza, que llamamos en portugués chacina, fue la peor de la historia de Río y de Brasil. Hay testimonios de madres que suplicaron por la vida de sus hijos, que ya se habían rendido, pero la policía eligió matarlos”. Sin embargo, el gobernador de Río, Cláudio Castro, calificó la operación como un “éxito”, afirmando que las únicas víctimas fueron los policías caídos y denominando a los fallecidos como “narcoterroristas”.
Esther afirma que: “quitaron la cabeza de algunos cuerpos, desfiguraron sus caras e incluso, les cortaron las manos, probablemente para dificultar la identificación y mantener la versión de que solamente criminales fueron asesinados”. Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, han expresado su horror y preocupación, exigiendo investigaciones imparciales sobre las muertes y posibles abusos policiales.
La operación policial en las favelas de Río de Janeiro también pone en relieve la estructura federal de Brasil, donde cada estado tiene autonomía significativa en materia de seguridad. En este sistema, los gobernadores controlan directamente las policías militares y civiles, lo que les permite planificar y ejecutar operativos sin necesidad de autorización previa del Gobierno Federal.
Aunque el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunió con su equipo para analizar la crisis, la Constitución brasileña limita su intervención directa, reservando la acción federal para situaciones excepcionales o violaciones graves de derechos humanos, lo que ha generado tensiones entre los niveles de poder.
Mientras tanto, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocó a su gabinete para analizar la crisis, sorprendido por la falta de coordinación con el gobierno federal. La tragedia ocurre además en vísperas de la cumbre mundial del clima de la ONU, que se celebrará en Brasil la próxima semana, lo que incrementa la presión internacional sobre el país.
Leonardo Silva Martínez 
Redacción