El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una ampliación de querella contra el exalcalde de Calama, Daniel Agusto Pérez (ex RN), y el exdirector de salud de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama (COMDES), Humberto Patricio Argandoña Catur, por un presunto delito de fraude al fisco. La acción judicial, ya acogida a trámite por el Juzgado de Garantía de Calama, busca responsabilizarlos por un perjuicio de al menos $190 millones en fondos de salud pública.
La querella sostiene que, en 2018, bajo la administración de Agusto, se utilizó dinero público para adquirir un inmueble perteneciente a su prima hermana por un valor de $190 millones, pese a que el avalúo fiscal del terreno no superaba los $46 millones. La compra se justificó para un proyecto de clínica dental que nunca se ejecutó, lo que destapó una serie de irregularidades.
Los antecedentes indican que la adquisición se realizó sin la planificación técnica ni el respaldo legal necesario, ya que se usaron fondos de salud que tenían una destinación específica y que, por lo tanto, no podían ser usados para la compra de bienes raíces. A pesar de las advertencias de concejales y de informes de la Contraloría, Agusto —quien además de ser alcalde fue delegado presidencial de Antofagasta— no tomó ninguna medida para revertir la cuestionada operación.
La investigación del Ministerio Público y el CDE concluyen que Agusto, siendo abogado, tenía pleno conocimiento de la ilegalidad del acto y, aun así, lo consintió activamente, omitiendo sus deberes de control y fiscalización.
El exalcalde, que fue formalizado en mayo de 2024, estuvo en prisión preventiva por algunos días, y actualmente se encuentra con arraigo nacional y prohibición de acercarse a la municipalidad mientras avanza la investigación. Las mismas medidas se aplicaron a Argandoña en agosto de 2025.

