Por Redacción 
El Partido Comunista de la Región de Antofagasta emitió una declaración pública en la que exige el término inmediato de la concesión del Hospital Regional de Antofagasta, denunciando graves irregularidades en la administración por parte del grupo económico Salud Siglo XXI. La colectividad argumenta que el modelo concesionado, que se asemeja a una privatización del servicio, ha resultado ser más costoso e ineficiente que una gestión directa por parte del Estado.
Según el documento, la crisis del hospital representa “un grave atentado contra el derecho a la salud” de miles de familias de la región y la macrozona norte. Entre las principales denuncias destacan fallas en la infraestructura, falta de mantenimiento adecuado y negligencia en la gestión de la concesionaria, lo que, según el conglomerado, pone en riesgo la vida de pacientes y trabajadores.
La colectividad también enfatizó que las constantes anomalías en la administración del recinto hospitalario evidencian “lo pésima que es la política de concesiones hospitalarias”, argumentando que el marco regulatorio vigente protege más a las empresas que a los usuarios del sistema de salud.
Ante esta situación, el partido llamó al Gobierno a actuar con urgencia y buscar mecanismos para poner fin a la concesión. Asimismo, respaldaron las iniciativas impulsadas por los gremios de trabajadores del hospital y destacaron el consenso alcanzado entre el Gobernador Regional, parlamentarios, organizaciones ciudadanas y expertos en salud sobre la necesidad de finalizar el contrato y determinar responsabilidades.
“Este modelo ha demostrado ser más caro para el Estado y mucho más ineficiente que la administración directa por parte de los Servicios de Salud”, señala el documento, enfatizando la necesidad de que el Gobierno tome cartas en el asunto.
Finalmente, el Partido Comunista cerró su declaración con un llamado a eliminar el modelo de concesiones hospitalarias a nivel nacional, afirmando que prioriza criterios económicos y oportunidades de negocio por sobre la salud de la población.
«Llamamos a nuestro Gobierno a actuar con prontitud y buscar los mecanismos para terminar ya con esta concesión», precisaron.
