En una reciente entrevista con nuestra sección Énfasis Regional, la Seremi de Gobierno de Antofagasta, Paulina Larrondo Vildósola, abordó diversos temas de gran relevancia para la región y el país, desde la conmemoración de los 51 años del golpe cívico-militar hasta las medidas de seguridad que se implementarán durante las celebraciones de Fiestas Patrias. Larrondo reflexionó sobre los desafíos que aún enfrenta Chile en torno a la memoria histórica, destacando el compromiso del gobierno con la búsqueda de los detenidos desaparecidos y la justicia.
La Seremi también expresó su reconocimiento hacia las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, con énfasis en el trabajo incansable de las mujeres de Calama, quienes han luchado por décadas exigiendo verdad y justicia. En cuanto a su gestión como Seremi, Larrondo destacó la importancia de fortalecer el vínculo con las organizaciones sociales y mantener una comunicación constante con la ciudadanía para avanzar en las reformas comprometidas por el gobierno.
Por último, la personera se refirió al reciente fallo judicial que impidió la instalación de ramadas cerca del Humedal La Chimba, enfatizando la responsabilidad del gobierno en proteger el medio ambiente y garantizar la seguridad en eventos masivos. Además, abordó el Caso Hermosilla, relevando la importancia de la igualdad ante la ley y el compromiso del gobierno en la lucha contra la corrupción.
A 51 años del golpe cívico militar, ¿qué reflexiones considera más relevantes en torno a la memoria histórica y cuál cree que es el impacto en la sociedad chilena actual?
Aún tenemos como país desafíos importantes en torno a la verdad, a la justicia y la reparación. Desde que retornamos a la democracia son las agrupaciones las que han insistido en este camino y como gobierno hoy día reafirmamos nuestro compromiso con aquello. Y tenemos medidas concretas a propósito del compromiso del presidente, donde ha señalado que no vamos a dejar de buscar a los detenidos desaparecidos. Y eso se ha materializado a través de la elaboración de un Plan de Búsqueda que lo lleva la Subsecretaría de Derechos Humanos. Es un plan que pretende construir aquella ruta que tuvieron las personas que fueron desaparecidas en el marco de la dictadura civil-militar, como también contempla reforzar instituciones que tienen mucho que aportar en la búsqueda de la verdad y la justicia. Por ejemplo, el Servicio Médico Legal, la identificación de osamentas, el cumplimiento de fallos judiciales que hoy día ya existen y que ha costado mucho que se puedan realizar esas diligencias que son mandatadas y que hoy día tenemos resultados concretos. Tenemos el caso de Tocopilla, en la identificación de cuatro personas que fueron encontradas sus osamentas en la mina La Veleidosa, donde hoy día tenemos esos resultados que es una respuesta que los familiares también están esperando.
¿Hay alguna agrupación que usted destaque en esta materia?
Todas las agrupaciones han tenido su rol histórico. Sin embargo, si tuviera que detenerme en el trabajo de una de ellas, lo haría respecto a las mujeres familiares de detenidos desaparecidos de Calama. Es una agrupación que es conocida a nivel internacional por la lucha constante que han realizado, lideradas por Violeta, su presidenta, y que es una agrupación que no ha cesado en exigir justicia. Ellas también son conocidas como las mujeres que rasgaron el desierto, sus familiares fueron sujetos de una represión tremenda desde el paso de la Caravana de la Muerte, donde nuestra región fue una de las regiones más brutalmente afectadas. Para ellas, mi reconocimiento, mis respetos, tenemos la obligación de darles respuesta a toda esa lucha que ellas han llevado durante todos estos años.
Comparto totalmente la reflexión. Ahora quería consultarle algo más personal sobre su gestión. Ya se cumplieron seis meses desde que asumió su cargo, ¿cómo valora este tiempo como seremi de gobierno?
Asumimos este cargo como un desafío grande, pero también con la convicción y el compromiso que, dando cuenta de lo que el gobierno realiza, podemos también permitir que vayamos fortaleciendo la gestión de gobierno. En la medida que las personas estén enteradas, estén informadas de lo que estamos avanzando, eso también nos permite fortalecer desde la base social, que nos puedan acompañar en las grandes reformas estructurales y sociales que hoy día están pendientes y que han sido un compromiso del presidente. En ese contexto, nos hemos propuesto fortalecer el vínculo con las organizaciones sociales, que es una de las principales labores de esta seremía. Como también tener una presencia comunicacional que nos permita posicionarnos también desde la opinión más política que tiene el gobierno e ir informando a la ciudadanía de los avances que estamos realizando.
Con respecto a las fiestas del 18’, ¿cómo evalúa el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que prohibió la instalación de las ramadas cerca del Humedal La Chimba?
Primero, señalar que el gobierno desde un comienzo no estuvo de acuerdo con la decisión que toma el alcalde de la Municipalidad de Antofagasta, atendido a dos factores: primero, que es un lugar que era muy complejo en materia de seguridad por la cercanía que existe con el acantilado, pero también planteamos con mucho énfasis la protección del medio ambiente. Hoy día ese humedal se encuentra a 200 metros de donde estaban las ramadas y eso ponía en peligro toda la flora, la biodiversidad, la fauna que existe en ese lugar. Y en eso fuimos enfáticos: fuimos al lugar, hicimos una visita con el Seremi de Medio Ambiente, acompañados con la Armada, para poder constatar las condiciones en que estaba. Y en torno a eso, nosotros respetamos como Poder Ejecutivo lo que se falla en los tribunales.
En esta misma temática, ¿qué medidas específicas está tomando el gobierno para garantizar la seguridad durante las celebraciones del 18 de septiembre?
Bueno, garantizar que la celebración de la familia en torno a nuestras fiestas patrias se realice en condiciones de seguridad en el primer móvil que tenemos hoy día y hemos generado todo un plan estratégico y coordinado para aquello. Efectivamente, el año pasado se instalaron las fondas en un lugar en que los vecinos se vieron profundamente afectados y bajo ese supuesto nosotros hicimos un compromiso de que como gobierno no íbamos a autorizar nuevamente ese espacio. Y en esa lógica comenzamos a hacer un trabajo con las agrupaciones para poder proponer o buscar un espacio que garantice condiciones de seguridad, que no exista dificultad con el medio ambiente y en eso se logró ofrecer el terreno de Exponor, que se puso a disposición de las cuatro organizaciones que existen, donde sólo dos de ellas accedieron a ese espacio y que hoy día creemos que en ese lugar se cumple con mejores condiciones de seguridad.
Con respecto a los principales avances de la implementación de la Ley Karin, ¿cómo se han aplicado estos logros en la región de Antofagasta?
La Ley Karin es una ley que materializa un compromiso internacional que tiene el Estado chileno para elevar los estándares de derechos laborales. Y en esa lógica, velar porque el ambiente laboral esté libre de acoso, de violencia, de acoso sexual. Es un avance tremendo para nuestro país. Que hoy día se exija la implementación, la creación de protocolos dentro de las empresas para poder prevenir que estas acciones de violación de los derechos laborales no sucedan, creemos que es un paso relevante y que además forma parte de una agenda bastante robusta en materia de avance de derechos laborales. Tenemos una apreciación de que esta medida fue muy bien recepcionada por la ciudadanía, muy bien recepcionada por los trabajadores y en la región hemos hecho esfuerzos importantes desde la Seremia del Trabajo para poder concientizar sobre esta ley y que se puedan implementar los protocolos de la manera más rápida posible. Bueno, el origen de esta ley es un hecho brutal, profundo, que evidenció una problemática que existe en el país y que era necesario abordar.
¿Y qué reflexión le provoca eso?
Como mujer, la verdad es que mi evaluación es positiva. Las mujeres siempre estamos más expuestas a vivir violencia de género en los distintos espacios. Y reforzar desde una normativa laboral que proteja nuestro derecho a tener una vida libre de violencia, la verdad es que nos permite también que podamos desarrollar nuestra vida pública, nuestra vida laboral de manera más segura.
No puedo dejar de preguntarle por un tema de contingencia nacional: El Caso Hermosilla. ¿Cuál es su visión al respecto?
Hoy día se ha iniciado una investigación penal en torno a un hecho que ha golpeado profundamente la probidad. Son hechos que afectan profundamente a las instituciones democráticas, porque tienen que ver con la confianza que la ciudadanía debe tener respecto a las instituciones de nuestro país. Lo que esperamos como gobierno es que todo lo judicial sea resuelto, que se sancione a los responsables. El presidente lo ha reiterado, caiga quien caiga. Nosotros vamos a poner a disposición información si es necesario y esperamos que este caso, que ya es muy emblemático para nuestro país, se pueda investigar bajo condiciones de igualdad ante la ley. Aquí no pueden existir privilegios, no pueden existir personas que tengan categoría jurídica distinta y en eso como gobierno tenemos un compromiso con luchar contra la corrupción. Y hemos tomado medidas, no solamente es un discurso, también es acción. Y, en concreto, el presidente ha anunciado que a partir del mes de octubre nosotros vamos a presentar una propuesta, que estamos elaborando, de reforma al nombramiento de los integrantes del Poder Judicial. Ha pasado bastante tiempo sin que esto se revise y creemos que, atendido lo que ha sucedido, si bien son procesos que están en curso, pero se hace necesario y urgente que podamos reformar este sistema para que demos garantía de transparencia.
Para finalizar, ¿qué mensaje entregaría a la comunidad, ad-portas de la celebración de este 18 de septiembre?
Tenemos hartos días de celebración de nuestras fiestas patrias, donde las familias se unifican, se reúnen también para poder celebrar. Y en eso, señalar que el gobierno ha tomado todas las medidas para efectos de permitir que esta celebración se desarrolle en condiciones de seguridad. Y eso requiere esfuerzos tanto previos como durante el desarrollo de las fiestas. Este plan, Unidos por un 18 Seguro, ya lo iniciamos. Tenemos bastantes fiscalizaciones en materia de salud, donde el 37% han implicado sumarios. Por otro lado, también hemos anunciado medidas en torno al transporte urbano, donde dimos a conocer, junto a la delegada y el Seremi de Transportes, la nueva normativa que obliga a tener un rotulado de los bultos que estén vinculados a un pasajero determinado. Esto tiene que ver con evitar la comisión de delitos, pero por sobre todo, también recabar información que sea ocupada o que pueda ser requerida por el Ministerio Público en el marco de una investigación penal, ya que esta información tiene que estar resguardada durante 180 días. Entonces, tenemos esa acción, tenemos fiscalización en materia de trabajo. El MOP también, en coordinación con carabineros. Así que se han hecho todos los esfuerzos para poder permitir que estas fiestas patrias se desarrollen con tranquilidad y con seguridad.