En un informe de 95 páginas, la Contraloría General de la República dio cuenta de la auditoría realizada tanto a la Seremi de Vivienda de la región de Antofagasta como al Serviu, en el marco del denominado caso Fundaciones o caso Democracia Viva.
En el documento se reportan cerca de 30 observaciones por irregularidades en el actuar de ambos servicios, entre ellas que hubo 15 personas que eran contratadas por diversas fundaciones, pero que ejercían labores en dependencias de las Seremi y Serviu de Antofagasta.
“Se constató que, en dependencias del SERVIU de Antofagasta, específicamente en la Unidad de Asentamientos Precarios de esa repartición, se han desempeñado, al menos, 3 personas que fueron contratadas por entidades que recibieron transferencias para la ejecución del programa en análisis, desarrollando labores internas de dicha repartición pública”, indica el documento.
“Asimismo, se verificó que en dependencias de la Seremi MINVU de Antofagasta se desempeñaban, al menos, otras 12 personas que fueron contratadas por los organismos receptores de fondos, las que desarrollaban actividades propias de esa secretaria, entre ellas, labores en su gabinete, actividades relacionadas con la revisión de las rendiciones efectuadas por las distintas entidades privadas y su contabilización, disponiendo algunas con acceso al sistema contable SIGFE y otros aplicativos institucionales”, añade el informe.
Entre estas personas, se ha conocido que figuran la concejala de Antofagasta, Paz Fuica (RD), quien prestaba servicios en el Minvu mientras estaba contratada por la Fundación para la Superación de la Pobreza, y la ex candidata a consejera constitucional, Liliana González (RD), quien también cumplía funciones en el Minvu mientras trabajaba para ProCultura.
Duro reproche a ex seremi de vivienda
El Informe también advirtió «que la conducta del señor Carlos Contreras Gutiérrez, en su entonces calidad de seremi de la Región de Antofagasta, quien intervino en razón de sus funciones, como firmante y responsable del control financiero y administrativo de los actos suscritos con la Fundación Democracia Viva y mantener un vínculo de público conocimiento con el representante legal de dicha fundación receptora, señor Daniel Andrade Schwarze, eventualmente habría vulnerado el principio de probidad».
Lo anterior, pues según el órgano contralor, el personero «carecería de la imparcialidad necesaria en su actuación, por lo que le asistía el deber de abstenerse de participar en el proceso asociado a esa entidad privada, sin que haya dado cumplimiento a dicha obligación».
Adopción de medidas y antecedentes remitidos al CDE y fiscalía
Contraloría advirtió que «las entidades fiscalizadas deberán adoptar las acciones que correspondan, en coordinación con el nivel central, tendientes a evitar la separación de iniciativas que sean factibles de desarrollar a través de un solo convenio, en concordancia con lo dispuesto en el punto 9 de la circular N° 20, de 2023, del Ministerio de Hacienda».
«Al respecto, la materia de la presente observación será incluida en el proceso disciplinario que instruirá este organismo de control. Además, este informe será puesto en conocimiento del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado, para los fines que en derecho correspondan», concluye.
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