76 jefes de familia de Antofagasta presentaron una demanda en contra del empresario Silvio Cuevas, SERVIU y Aguas Antofagasta S.A., exigiendo una indemnización por el daño patrimonial y moral que han sufrido a consecuencia -según indican- de una mala construcción de sus viviendas y de las filtraciones de agua derivadas de negligentes mantenciones de arranques en el sector.
La demanda ingresó al 2° Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta bajo el rol N° C-2690-2023 y dice relación con las viviendas de villa El Salar, inmuebles que han sufrido serios agrietamientos y hundimientos en los últimos meses.
«Los hechos, que han generado daño a los demandantes, han sido consecuencia de que el Estado de Chile no ha cumplido su rol, a través de SERVIU, consistente en proveer la posibilidad de acceder a una vivienda bien construida y digna a las personas que recurren a éste con tal objetivo», indicaron los impulsores de esta demanda.
«SERVIU no ha cumplido de manera adecuada y eficiente su rol legal de fiscalizar y supervisar la construcción de las viviendas que conformaban el proyecto ‘Villa El Salar’ en Antofagasta, que comenzó en 2016, porque la empresa constructora de Silvio Cuevas, aparte de los retrasos en la programación de la ejecución del proyecto, empleó un hormigón con un 60% menos de resistencia que el ordenado por SERVIU para construir las bases de tales viviendas y ello implicó que todas las casas de la villa se hundieron entre 5 y 10 centímetros, lo que redunda en que las mismas se convirtieron en inhabitables, a tal punto que ahora SERVIU las demolerá y colaboró a tal decisión el hecho de las filtraciones de agua desde los arranques de agua mantenidos por Aguas Antofagasta S.A. en el sector», agregaron.
«Nosotros, los beneficiarios perjudicados, estamos solos frente al Estado que no ha cumplido con su rol y por eso nos vemos obligados a demandar, porque nos hemos quedado literalmente en la calle, sin casa y con uno de nuestros sueños más prioritarios convirtiéndose en una pesadilla», precisaron.
Respecto al dinero que están demandando por daño emergente y daño moral, los impulsores de la acción judicial han pedido al tribunal que fije los montos, una vez que se declare el derecho a ser indemnizados.
Leonardo Silva Martínez