El Alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, cuenta con las herramientas administrativas y legales para enfrentar el grave problema de las quemas ilegales en el ex vertedero La Chimba. A continuación explico cuáles son estas atribuciones que el jefe comunal no ha utilizado
En primer lugar, señalar que la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su artículo 3°, señala las atribuciones y funciones de los municipios, destacándose “la planificación y regulación de la comuna” (letra b), “la promoción del desarrollo comunitario” (letra c) y “el aseo y ornato de la comuna” (letra f). Y en este último punto se hace hincapié en que “respecto a los residuos domiciliarios, su recolección, transporte y/o disposición final corresponderá a las municipalidades”.
Además, el artículo 4° indica que los municipios pueden, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, desarrollar funciones relacionadas con “la salud pública y la protección del medio ambiente” (letra b).
Es decir, en primer lugar queda claro que el problema de las quemas en el ex vertedero es responsabilidad principal del municipio local. Más aún, considerando que mediante Resolución Exenta N° E-4385 de fecha 13 de septiembre de 2021, la Seremi de Bienes Nacionales renovó la concesión de uso gratuito por 5 años a la Municipalidad de Antofagasta, indicando que este permiso considera específicamente que se debe llevar a cabo un Plan de Remediación y recuperación del Ex Vertedero La Chimba y su entorno. La concesión se encuentra actualmente vigente.
A lo anterior se suma la decisión de la Corte Suprema (Rol Nº 170.264-2023) que confirmó el fallo previo de la Corte de Apelaciones, ordenando al municipio ejecutar medidas urgentes para resolver este problema. La resolución quedó firme y ejecutoriada con fecha 2 de mayo de 2023 y los plazos más próximos decían relación con la construcción de un “cierre perimetral alrededor del ex vertedero, disponer en este lugar de vigilantes o guardias de seguridad, así como el resto de los mecanismos adecuados para que no ingresen terceros a ese lugar y no se dispongan, boten o arrojen escombros o basuras en los sectores adyacentes al recinto”.
Lo anterior, en un plazo no superior a treinta días. El alcalde no cumplió y la Corte de Apelaciones de Antofagasta debió otorgarle mayor plazo. Sin embargo, hasta la fecha no se ha ejecutado ninguna medida concreta.
El alcalde aduce que ha realizado licitaciones para la construcción del cierre perimetral y también para vigilancia, pero que estas acciones no han resultado por diversos problemas con el proceso de licitación.
Sin embargo, el jefe comunal bien podría llevar a cabo tratos directos (como ha hecho en numerosos casos y de manera muy cuestionable), contando con todas las atribuciones para hacerlo. Así lo dispone la Ley de 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios (conocida como ley de compras públicas), que señala en su artículo 8°, letra c, que se procederá con trato o contratación directa, entre otras situaciones, “en casos de emergencia, urgencia o imprevisto, calificados mediante resolución fundada del jefe superior de la entidad contratante (…)”.
En el caso que nos ocupa, estamos evidentemente ante una situación de urgencia o emergencia y existen fundamentos más que suficientes para proceder a atender con la mayor agilidad la problemática que afecta a miles de personas prácticamente a diario. Entre los fundamentos, solo por mencionar algunos, se cuenta:
-Resolución exenta N°0838 de la Seremi de Salud de Antofagasta, de fecha 6 de junio de 2022, que declara el sector como foco de insalubridad.
–Informe oficial del Instituto Nacional de Derechos Humanos de enero de 2023 tras visita a terreno, donde se constatan numerosas vulneraciones a los derechos de las personas.
-Fallo de la Corte Suprema (Rol Nº 170.264-2023), que confirma resolución de la Corte de Apelaciones (Rol 20.369-2022 – Protección), ordenando la adopción urgente de una serie de medidas con plazos perentorios.
Como hemos podido constatar, el alcalde Jonathan Velásquez tiene las atribuciones y herramientas legales y administrativas para enfrentar el problema que aqueja a las vecinas y vecinos de La Chimba. Lo que claramente no tiene el jefe comunal es liderazgo y capacidad para trabajar en equipo. Así incluso lo indica el Informe del INDH que advirtió la “ausencia de coordinación” y la falta de “voluntad política o conocimientos técnicos para dar solución a un desafío de esta envergadura”.
Ojalá que el alcalde de Antofagasta recapacite, deje de lado la inacción y comience a actuar pensando en las vecinas y vecinos.
Redacción