El Juzgado de Garantía de Antofagasta rechazó una solicitud de cautela de garantías presentada por la defensa de la alcaldesa Karen Rojo, en el marco de la investigación en su contra por el delito de fraude el fisco que el Ministerio Público lleva adelante.
La defensa de la edil estimó que un grupo de cinco testigos llamados a declarar a la Fiscalía habrían recibido un trato inapropiado, cuyas consecuencias podrían afectar a su representada.
La cautela se refiere particularmente a la actuación de un efectivo de la Bridec de la Policía de Investigaciones (PDI) el cual habría realizado en dependencias de la Fiscalía un interrogatorio intimidatorio a dichos testigos.
En virtud de estos hechos, el abogado Fidel Castro solicitó acoger la solicitud de cautela y que en el futuro los testigos que sean citados a la fiscalía sean entrevistados por el fiscal a cargo de la causa, y que si se dictan diligencias, las mismas sean encargadas a Carabineros y no a la PDI, y en el caso que el Fiscal siga recurriendo a efectivos de la Bridec, que estos participen solo en calidad de oyente.
Los demás involucrados en el llamado «caso asesor» se sumaron a la solicitud de cautela presentada por la defensa de la alcaldesa Karen Rojo.
Por su parte, el Fiscal de la causa, Cristian Aguilar, se opuso a que se acepte esta cautela, atendido a que no se dan los presupuestos legales y no se ha afectado garantía alguna, sin considerar que se trata sólo de testigos, quienes no tienen la calidad de intervinientes, y que no ve como la declaración de éstos puede afectar garantías de los imputados.
Seguidamente, el Consejo de Defensa del Estado y el querellante de esta causa, solicitaron rechazar esta cautela de garantía, ya que la misma no resulta procedente y además solo pretende coartar la libertad de dirección de la investigación que asiste a la Fiscalía.
Finalmente, el tribunal coincidió con la postura de la Fiscalía y los querellantes, en orden a que ninguna de las garantías que contempla la norma legal ha sido vulnerada, por lo que la solicitud de cautela carece de fundamento jurídico, siendo rechazada, en un nuevo revés para la alcaldesa Karen Rojo y los demás imputados.