Cuando apenas llevaba una semana en el cargo, el alcalde suplente de Antofagasta, Ignacio Pozo, debió enfrentar una seria denuncia que involucra a su recién nombrado jefe jurídico: Marcelo Encina Muñoz.

Encina, quien además es presidente regional del Partido Radical (misma tienda política del alcalde recién nombrado), ocupó el cargo de Seremi de Justicia durante el último gobierno de Michelle Bachelet.

Según publicaciones de El Mercurio de Antofagasta y Timeline, sobre el personero pesan graves acusaciones relacionadas con su empresa «Servicios Jurídicos Marcelo Ricardo Encina Muñoz y/o Esperanza del Norte E.I.R.L.».

Según las denuncias periodísticas dadas a conocer esta semana, tras adjudicarse una licitación con la Defensoría Penal Pública, Encina enfrentó una serie de demandas laborales por parte de varios ex empleados, quienes denuncian que del sueldo pagado se les descontaba más de la mitad del monto, dinero que era «devuelto» a través de depósitos o, incluso, en dinero en efectivo que era girado en cajeros automáticos y entregado al propio Encina.

El medio Timeline recoge el testimonio de Marcela Fuentes Montero, una de las ex empleadas, quien denunció que María Francisca González Werner, pareja de Encina, le había indicado que «mis liquidaciones se harán por un monto superior al que yo voy a recibir, básicamente porque como son una empresa licitada los montos de las remuneraciones de los abogados se ‘inflan’ con el objeto de adjudicarse las licitaciones, pero no es eso lo que gana un defensor penal».

Otro testimonio recogido por el medio es el de la abogada Nicol Palma Moscoso, quien narró en la demanda que era el propio Marcelo Encina quien la acompañaba a un cajero automático para girar la «diferencia» en efectivo y entregársela personalmente, situación que habría ocurrido entre febrero y mayo del 2019.

Según fuentes allegadas al ámbito jurídico, estos graves hechos podrían constituir delito, pues se trata de fondos públicos obtenidos mediante licitación de la Defensoría Penal Pública, misma institución que tras una investigación de los hechos decidió poner fin a los servicios de la empresa ligada a Marcelo Encina.

Por su parte, el aludido, en declaraciones a diversos medios, bajó el perfil a lo ocurrido, asegurando que el tema se encuentra zanjado, tras una conciliación judicial que puso término a las demandas laborales.

Por otra parte, el alcalde suplente, Ignacio Pozo, tras conocerse estas denuncias, puso paños fríos a las acusaciones, asegurando que Encima tiene «su confianza». Similar postura mostraron algunos concejales de Antofagasta. Es el caso de Doris Navarro (Independiente PPD), quien señaló que tras su paso por la Seremia de Justicia, Encina salió con una buena evaluación. Wilson Díaz (PS) también desestimó los antecedentes, mientras que el concejal Camilo Kong (Independiente ex Frente Amplio) ha guardado silencio sobre la materia, afirmando en una columna que se trataría de rencillas internas de los partidos políticos.

¿Cómo pueden afectar al alcalde suplente y a los concejales de «oposición» estas graves denuncias contra Marcelo Encina? El tiempo lo dirá, pero al menos queda una amarga sensación en la ciudadanía, al ver que los mismos ediles que criticaron duramente a Karen Rojo tras ser acusada por fraude al fisco, ahora bajan el perfil a estos hechos o sencillamente miran para el lado ante estas serias denuncias que involucran fondos públicos.

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